El poder público no es licencia para saquear
En México existe una enfermedad vieja y peligrosa: la costumbre de normalizar la corrupción. Mucha gente ya escucha sobre desvíos, abuso de autoridad, favoritismos y saqueos municipales como si fueran parte natural del gobierno. Como si robar desde una oficina fuera menos grave que robar en la calle.
Pero no.
El funcionario que usa el poder para perjudicar ciudadanos, manipular recursos o actuar deliberadamente contra la ley no es “listo”, “colmilludo” ni “político experimentado”. Es un delincuente con cargo público.
Y el Código Penal sí contempla sanciones para esas conductas.
Aunque muchos funcionarios crean que el escritorio los vuelve intocables.
¿QUÉ ES EL PREVARICATO?
El prevaricato ocurre cuando una autoridad o servidor público dicta resoluciones, emite órdenes o realiza actos sabiendo que son ilegales.
No es un error administrativo.
No es confusión.
Es actuar conscientemente contra la ley usando el poder público.
El propio Código Penal para el Estado de Nuevo León establece responsabilidades penales para servidores públicos que emitan actos ilegales o arbitrarios.
El artículo 224 del Código Penal de Nuevo León señala como delito contra la administración de justicia:
“Dictar una resolución o un acto de trámite que sean ilícitos por violar algún precepto terminante de la ley”.
Eso significa que cuando un funcionario sabe perfectamente que está violando la ley y aun así usa el cargo para perjudicar ciudadanos o beneficiar intereses personales, puede existir responsabilidad penal.
EL ABUSO DEL PODER NO ES “POLÍTICA”: ES DELITO
El artículo 209 del Código Penal de Nuevo León define el abuso de autoridad cometido por servidores públicos, incluyendo conductas como:
- negar servicios deliberadamente,
- retrasar trámites injustificadamente,
- impedir procedimientos legales,
- ejercer violencia sin causa legítima,
- utilizar el cargo arbitrariamente.
Y las sanciones no son simbólicas.
El propio Código contempla penas de prisión, multas e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Porque el servidor público no fue contratado para convertirse en dueño del municipio, del presupuesto o de los ciudadanos.
Fue contratado para servir.
EJEMPLOS CLAROS DE PREVARICATO Y ABUSO DEL PODER
Por ejemplo:
- Un director municipal clausura un negocio porque el dueño no quiso pagar “moche”.
- Un funcionario bloquea permisos para castigar adversarios políticos.
- Una autoridad ordena desalojos sin procedimiento legal.
- Un servidor público manipula expedientes para beneficiar empresas amigas.
- Un presidente de asociación civil usa discrecionalmente cuotas vecinales como si fueran dinero personal.
- Un dirigente vecinal reparte dinero entre su grupo cercano para comprar silencios y controlar decisiones internas.
- Un presidente de asociación civil permanece de manera espuria en el cargo violando un acta anterior aún vigente.
- Un funcionario entrega contratos a familiares o aliados políticos.
- Una autoridad utiliza recursos públicos para campañas personales.
Todo eso puede constituir delitos relacionados con abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, corrupción, uso indebido de atribuciones o daño patrimonial.
Porque cuando el poder se utiliza deliberadamente para violar la ley, ya no estamos hablando de administración pública.
Estamos hablando de delincuencia institucional.
LAS ASOCIACIONES CIVILES TAMBIÉN PUEDEN RESPONDER ANTE LA LEY
Existe otra mentira muy utilizada:
“Somos asociación civil, no gobierno”.
Eso no siempre los salva.
Cuando una asociación civil recibe recursos públicos, administra dinero del erario o ejecuta programas financiados con fondos públicos, sus dirigentes pueden adquirir responsabilidades similares a las de servidores públicos.
El Código Penal Federal contempla responsabilidades para quienes administren recursos públicos de manera ilícita o generen daños patrimoniales al Estado.
El artículo 214 del Código Penal Federal establece sanciones por ejercicio ilícito del servicio público cuando un funcionario ejerce funciones indebidamente o permite afectaciones patrimoniales sin actuar.
Y el Código Penal de Nuevo León también sanciona:
“El servidor público que teniendo a su cargo caudales del erario les dé una aplicación distinta”.
Traducido al español cotidiano:
si alguien maneja dinero público y lo usa para otra cosa, puede enfrentar consecuencias penales.
Aunque use traje.
Aunque se diga activista.
Aunque tenga asociación civil.
Aunque se venda como “líder social”.
El dinero público no deja de ser público porque le cambien el membrete.
EL ROBO DE RECURSOS SIGUE SIENDO ROBO
Existe una hipocresía enorme en la política mexicana.
Cuando un ciudadano roba en una tienda, lo llaman ladrón.
Pero cuando un funcionario desaparece millones mediante contratos inflados, facturas simuladas o asociaciones fantasmas, algunos todavía lo llaman “operador político”.
No.
El robo sigue siendo robo.
Y el daño es todavía peor porque se hace usando recursos que pertenecen a toda la sociedad.
Cada peso robado significa:
- menos medicinas,
- menos seguridad,
- menos calles,
- menos apoyos,
- menos oportunidades.
La corrupción destruye hospitales sin disparar una bala.
EL FUNCIONARIO CORRUPTO NO ES MÁS INTELIGENTE: SOLO APROVECHA LA IMPUNIDAD
Muchos funcionarios corruptos sobreviven gracias a tres cosas:
- miedo ciudadano,
- burocracia,
- y silencio.
Usan lenguaje técnico para disfrazar delitos:
- “reasignación presupuestal”,
- “criterio administrativo”,
- “ajuste operativo”,
- “determinación institucional”.
Pero muchas veces detrás de esas palabras solo existe una realidad:
saqueo.
Y aunque algunos crean que jamás serán investigados, la ley sí contempla responsabilidades administrativas y penales incluso después de abandonar el cargo.
Porque el delito no desaparece cuando termina el nombramiento.
MÉXICO NECESITA DEJAR DE NORMALIZAR A LOS CORRUPTOS
La frase “todos roban” es el mejor escudo de la corrupción.
Porque convierte el saqueo en costumbre.
Y cuando una sociedad se acostumbra al abuso, el corrupto gana.
Por eso es importante decirlo claramente:
- El funcionario que roba recursos públicos es un ratero.
- El director que usa el cargo para venganzas personales es un abusivo.
- El presidente de asociación civil que manipula dinero vecinal o fondos públicos puede enfrentar responsabilidades legales.
- El servidor público que dicta actos ilegales deliberadamente puede cometer delitos como abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público o prevaricato.
La ley existe precisamente para evitar que el poder se convierta en herramienta de saqueo.
LA LEY DEBE ALCANZAR A QUIENES ABUSAN DEL PODER
México no necesita funcionarios intocables.
Necesita funcionarios honestos.
Y quien use el poder para:
- robar,
- manipular,
- despojar,
- intimidar,
- favorecer amigos,
- controlar asociaciones,
- desaparecer recursos,
- o emitir actos ilegales deliberadamente, debe responder ante la ley.
Sin privilegios.
Sin discursos baratos.
Sin protección política.
Porque el poder público no es propiedad privada.
Y el dinero del pueblo no es botín político.
*pueden reír, gritar, llorar, correr, mentir, esconderse, alardear y como siempre agredir, pero están en la mira y sus expedientes a punto de iniciarse.
ABUNDEMEX®
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