Por cpa.huggo romero mora™
En el mundo empresarial existe una realidad que pocas organizaciones están dispuestas a reconocer: se invierten millones de pesos en estrategias comerciales, marketing, transformación digital, consultoría fiscal y tecnología, mientras que el documento que da origen jurídico a todas esas operaciones suele elaborarse con prisas, copiando formatos de internet o, simplemente, nunca se firma.
Lo paradójico es que, cuando inicia una revisión por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el primer documento cuya ausencia comienza a generar dudas es precisamente aquel que nadie consideró importante: el contrato.
Durante muchos años bastaba con emitir una factura y registrar la operación en la contabilidad. Hoy, ese paradigma ha cambiado.
La fiscalización moderna ya no analiza únicamente la forma de las operaciones; ahora exige demostrar su sustancia económica, su razón de negocios y su materialidad.
En otras palabras, la autoridad ya no pregunta solamente si una operación fue facturada. Pregunta si realmente existió.
El contrato: el origen jurídico de toda operación
El artículo 1792 del Código Civil Federal define al convenio como el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.
Posteriormente, el artículo 1793 precisa que aquellos convenios que producen o transfieren obligaciones reciben el nombre de contratos.
Esta definición pareciera elemental; sin embargo, constituye el fundamento jurídico de prácticamente toda actividad económica.
Ninguna compraventa, prestación de servicios, suministro, arrendamiento, desarrollo tecnológico, licencia de software, consultoría, distribución o asociación comercial nace con la factura electrónica.
Todas nacen con una manifestación válida de voluntad entre las partes.
Es decir, la factura documenta una operación; el contrato le da origen.
Esa diferencia, aparentemente semántica, representa una enorme distancia cuando una empresa enfrenta una auditoría fiscal.
La factura no acredita, por sí sola, la existencia del negocio.
Los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación regulan la emisión del CFDI.
No obstante, ninguna disposición establece que el comprobante fiscal sea suficiente para demostrar que una operación ocurrió realmente.
El CFDI acredita que un comprobante fue expedido conforme a la legislación fiscal.
No acredita, por sí mismo, que el servicio se prestó, que el bien fue entregado o que existía una necesidad económica que justificara la operación.
Por ello, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación obliga a los contribuyentes a conservar la documentación que integra su contabilidad y que permita identificar plenamente las operaciones realizadas.
Es precisamente dentro de esa documentación donde el contrato adquiere un papel protagónico.
El contrato y la razón de negocios
La reforma fiscal que incorporó el artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación cambió profundamente la forma de analizar las operaciones empresariales.
Dicho precepto faculta a la autoridad para recaracterizar actos jurídicos cuando éstos carezcan de una razón de negocios y generen un beneficio fiscal que resulte superior al beneficio económico razonablemente esperado.
En otras palabras, ya no basta con que una operación sea legal.
Debe existir una justificación empresarial objetiva que explique por qué fue celebrada.
Aquí surge una pregunta que toda empresa debería formularse:
¿En qué documento quedó plasmada esa razón de negocios?
La respuesta debería ser inmediata: en el contrato.
Es ahí donde las partes pueden establecer el objeto de la operación, las necesidades que pretende satisfacer, los alcances del servicio, las obligaciones recíprocas, los entregables, las condiciones económicas, los mecanismos de supervisión y los beneficios esperados.
Cuando un contrato está correctamente elaborado, no sólo protege jurídicamente a las partes; también explica el propósito económico del negocio.
Y explicar el propósito económico es, hoy más que nunca, explicar la razón de negocios.
La materialidad comienza con el contrato
Aunque la legislación fiscal no contiene una definición expresa del concepto de materialidad, tanto los tribunales como el propio SAT han sostenido que los contribuyentes deben demostrar que las operaciones realmente ocurrieron.
La materialidad no se presume.
Se acredita.
Y para acreditarla suele integrarse un expediente documental compuesto por contratos, órdenes de compra, entregables, reportes de actividades, evidencia fotográfica, estados de cuenta, correos electrónicos, bitácoras, actas de entrega y cualquier otro documento que permita reconstruir la operación.
Sin embargo, todos esos elementos deberían responder a una misma pregunta:
¿Cuál fue el acto jurídico que dio origen a esa relación comercial?
La respuesta vuelve a ser la misma: el contrato.
Sin él, toda la evidencia queda dispersa.
Con él, toda la documentación adquiere coherencia.
El artículo 69-B y las operaciones inexistentes
La trascendencia del contrato también puede apreciarse desde la óptica del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, mediante el cual la autoridad puede presumir la inexistencia de operaciones cuando detecta que un contribuyente emitió comprobantes fiscales sin contar con activos, infraestructura, personal o capacidad material para prestar los servicios o entregar los bienes amparados en dichos comprobantes.
En estos procedimientos, una factura aislada rara vez resulta suficiente para desvirtuar la presunción.
La defensa del contribuyente requiere demostrar la realidad económica de la operación mediante un conjunto de pruebas documentales.
Entre ellas, el contrato suele convertirse en una de las piezas centrales, ya que permite acreditar el origen de la relación jurídica, las obligaciones asumidas, la naturaleza del servicio contratado, la forma de ejecución y los compromisos adquiridos por cada una de las partes.
No sustituye la evidencia técnica ni los entregables, pero sí les da contexto y coherencia jurídica.
Un activo estratégico, no una formalidad
Desde una perspectiva de gobierno corporativo, el contrato debería considerarse un activo estratégico.
No es un documento que únicamente sirve para demandar un incumplimiento.
Es una herramienta de administración de riesgos.
Es un mecanismo de control interno.
Es un instrumento de cumplimiento normativo.
Y, cada vez con mayor frecuencia, es una pieza fundamental dentro de la defensa fiscal de las empresas.
En un entorno donde la autoridad evalúa la sustancia económica por encima de la simple formalidad documental, minimizar la importancia de los contratos representa un riesgo innecesario.
La mejor estrategia de defensa no comienza cuando llega una auditoría.
Comienza el día en que las partes deciden documentar correctamente su relación jurídica.
Porque las empresas pueden sobrevivir a una mala campaña publicitaria, a una negociación fallida o incluso a una crisis financiera.
Lo que difícilmente pueden superar son las consecuencias de una operación cuya existencia no logran demostrar.
Y esa demostración, casi siempre, empieza con un documento que muchas organizaciones siguen considerando un simple trámite administrativo: el contrato.
En materia fiscal, la factura acredita que algo se cobró; el contrato explica por qué existió la operación. Y esa diferencia puede definir el resultado de una auditoría.
“La factura prueba que hubo un pago. El contrato prueba que existió un negocio.”
Jaque Mate
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