Ante los señalamientos periodísticos contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, por desvíos y triangulación de recursos publicos que involucran operaciones vinculadas a un despacho familiar, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió una investigación sobre este asunto.
“Vi lo que sale en los medios, si se tiene que investigar que se investigue”, dijo la mandataria durante la conferencia mañanera, y afirmó que cualquier señalamiento sobre manejo irregular de recursos debe revisarse conforme a la ley y por las autoridades competentes sin importar el partido político o el nivel de gobierno involucrado.
De acuerdo con información publicada por Reforma, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación sobre una presunta triangulación de recursos provenientes de proveedores del Gobierno de Nuevo León hacia Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho presuntamente ligado al mandatario estatal y a su padre.
Las indagatorias incluyen movimientos financieros relacionados con empresas como Suministro MYR, Nauka Comunicación Estratégica, Productos Mexicanos Jace, Transportes Norkux, VGL Logística y Soluciones Integrales, así como Trinational Express Logistics, compañía con sede en Laredo, Texas.
Según los reportes, entre agosto de 2025 y febrero de 2026, la firma estadounidense habría transferido al menos 90 millones de pesos al despacho jurídico, mediante operaciones recurrentes de 5 millones de pesos.
Asimismo, Nauka Comunicación Estratégica habría recibido más de 81.6 millones de pesos del Gobierno de Nuevo León por contratos de pauta digital.
Por su parte, el periódico El Financiero publicó a fines de abril que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al gobernador de Nuevo León, Samuel García, y a su familia por una presunta red de lavado de dinero y desvío de recursos públicos superior a los mil millones de pesos.
Detalló que el desvío se habría estructurado utilizando la “Firma Jurídica y Fiscal S.C.”, despacho del cual su padre y su medio hermano son socios.
Las transferencias: Fondos millonarios del erario estatal se habrían triangulado a través de empresas proveedoras (que recibieron contratos del gobierno) antes de llegar a la firma jurídica.
Y que los recursos presuntamente pasaron a otra compañía inmobiliaria (Sagat Tierras y Bienes Inmuebles) y posteriormente fueron transferidos a Estados Unidos.
Leave a Reply