Funcionarios municipales de Monterrey olvidan a la Constitución: Abogado ambientalista

Raúl A. Rubio Cano

Estamos de frente a grandes retos y transformaciones de nuestra ciudad metropolitana ante la geopolítica planetaria, no digamos el gran proceso que es hoy para el país la Cuarta Transformación, iniciada ésta última desde el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora, bajo la continuidad en el mando de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es esta situación estructural de transformación la que replantea toda la existencia particular de nuestra metrópoli.

Sin embargo, es evidente que para que la 4T no se siga enraizando y dominando el escenario de todo tipo, en la realidad metropolitana que nos ha tocado vivir, fuerzas oscuras y serviles al Deep State del Yankee, representado en la entidad por lo más reaccionario de Texas, hacen lo imposible por continuar la putrefacción de la vida en la entidad, un proceso de saqueo económico y de destrucción ambiental que se aceleró con las políticas económicas Neoliberales, con todas las consecuencias que ello implicó, en materia de la calidad del aire que respiramos, del agua que bebemos, la comida que comemos, el suelo que habitamos, de la vialidad y transportación que usamos, de la seguridad de los barrios y colonias que poblamos, de los centros de trabajo, de educación y salud que utilizamos, para ejercer y reproducir la cualificación de la fuerza de trabajo y esparcir nuestras existencias, etcétera. Todo ello se ha venido desarrollando en las últimas décadas bajo la más impresionante barbarie y atentando a la vida de todos y de los ecosistemas que nos sustentan.

Definitivamente, ante el Neoliberalismo de 36 años, llegaron los tiempos de Revolución de la 4T, una Revolución de las Conciencias, pacífica y ciudadana, y hay quienes quieren que ello no siga adelante. Hay quienes quieren que se descarrile ese poderoso tren de voluntades e historias de independencia y soberanía y, que se les permita, seguir valorizando sus capitales a como dé lugar, como si no contáramos con una Constitución Federal, con un Plan de desarrollo para equilibrar los factores de la producción del Capital y el Trabajo Asalariado, con un Plan México y ahora, hasta con una Constitución Estatal que nos ha brindado el gobierno de Samuel García. Ambas Cartas Magnas nos permiten contemporanizar con los actuales procesos de transformación en todos los órdenes de la vida de Nuevo León, de ese Nuevo Nuevo León que propagandea Samuel, pero al que le hace falta mucho todavía, comprenderlo, pero la fuerza de los hechos de esa Revolución de las Conciencias, ahí, nos lleva a todos adelante, a nuevos escenarios de existencia humana y de respetos a la Naturaleza, porque sencillamente, desde el año 2018 ya somos mayoría y un Pueblo Sabio, amoroso y defensor, a carta cabal, de su Patria.

Los permisos de construcción y la MIA en tiempos de la 4T

Bajo lo anterior, es de llamar la atención en estos días santos, no sólo de la polémica que se suscitó, sino también de la movilización ciudadana de seis colonias de Monterrey y la recolección de 894 firmas para buscar detener el plan para modificar reglamentos de desarrollo urbano en la capital del estado (El Norte, local, 22/4/2025), permitiendo con esa modificación de reglamentos para las Construcciones, de Protección Ambiental e Imagen Urbana y de Zonificación y Uso del Suelo, donde para obtener un permiso de construcción por el municipio, no forzosamente se puede tener primero el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), como se desprende de la exigencia de la Ley de Asentamiento Humanos que arropa el Artículo 27 Constitucional, sino que se podría empezar a trabajar cada uno por su lado, aunque como lo señaló posteriormente el secretario de Desarrollo Urbano Sostenible de ese municipio, Fernando Gutiérrez, que: hasta no tener a ambos documentos, a la vez, se daría el permiso municipal de construcción (El Norte. Local. 21/4/2025).

Lo anterior obedece a que el gobierno del alcalde priista Adrian de la Garza considera que con la acción de modificación reglamentaria se pueda enfrentar un rezago de 2 mil 500 expedientes de la Secretaría de Desarrollo Urbano, porque Monterrey es el municipio con mayor rezago y burocracia para permitir la obtención de permisos de construcción. Inclusive, buscando justificar la modificación reglamentaria que quiere hacer Monterrey, el secretario de esa administración, César Garza, argumentó: “En cualquier otro municipio del área metropolitana, los permisos se dan condicionados a la obtención de la MIA, pero no se detienen, por eso en muchos otros municipios metropolitanos puedes obtener un permiso de construcción en unas semanas y en el caso del municipio de Monterrey hay personas que tiene años esperando”. Inclusive, y ya con vuelo, De la Garza, señaló que hasta el gobernador Samuel ha manifestado su intención de agilizar los trámites de la MIA y entregarlas en 24 horas, no en meses como tarda actualmente (El Norte. Local. 22/4/2025).

Vecinos destapan la ilegalidad constitucional de funcionarios y municipios…

¡Caramba! Así las cosas, resulta que si no fuera por la movilización de los vecinos de esas seis colonias de Monterrey, que “instintivamente” ven venir la voracidad del Gran Capital Inmobiliario sobre sus viviendas y sus vidas, bajo argumentos de lo más inverosímil (puede llevarse la tramitación del permiso de construcción y la MIA, en forma paralela) e ilegal ( los reglamentos de desarrollo urbano se van desprendiendo del artículo 27 Constitucional, de la Ley de Asentamientos Humanos, donde la MIA es fundamental “norma de normas”, no arrancando del amparo del Artículo 115 y de la deliberación de los Cabildos municipales); la administración de Adrián de la Garza, no estaría “pariendo chayotes” y exhibiendo la ilegalidad de las demás administraciones municipales en materia de otorgar permisos de construcción sin la MIA, y hasta la ignorancia del mismo gobernador de lo que es una MIA, de cómo se elabora y el tiempo promedio que pudiera llevarse su otorgamiento, si realmente se apegaran los funcionarios de Monterrey a la Carta Magna y se dejaran de poner sobre la vida humana y el medio ambiente, el interés del Capital Inmobiliario de unos cuantos rapaces.

Llega la caballería jurídica del Colegio de Abogados de Nuevo León

Para el Abogado, Mariano Núñez González, de la Comisión de Desarrollo Urbano del Colegio de Abogados de Nuevo León (institución con 200 años de existencia y partícipe en múltiples luchas en defensa de la Patria), asegura que las modificaciones para poder llevar en forma paralela la obtención de permiso de construcción municipal y la MIA, es una verdadera barbarie jurídica e ilegalidad, patética ignorancia jurídica y en el fondo, el garantizar que siga la rapiña, el saqueo del suelo urbano, con todas sus consecuencias para el detrimento de la vida de los pobladores de nuestra metrópoli y el medio ambiente. “Leyes tenemos y se han venido actualizando a los cambios de la transformación que estamos viviendo, pero, por lo visto, entre la ignorancia y la rapiña no se cumplen”, enfatizaría Mariano Núñez.

Agregó el licenciado Núñez: “El Capital inmobiliario no puede estar encima de los vecinos y del medio ambiente. La modificación reglamentaria que pretenden en Monterrey no es para flexibilizar procesos, no puede ser una situación convencional, pareciera que les estorba el manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), la obtención de ella es una norma (norma de normas) que depende estrictamente del Artículo 27 Constitucional. No puede el Artículo 115 dar facultades para reglamentar lo que el municipio de Monterrey quiere hacer, porque es ir en contra del 27 Constitucional.

“Desde el Artículo Primero al 29, está lo ‘dogmático’ de la Constitución. En el Artículo Primero está lo relacionado a los Tratados Universales, el Cambio Climático; en el Artículo Cuarto, lo relacionado a un Medio Ambiente Sano, como un Derecho Humano; en el Artículo 27 ahí está la Ley de Asentamientos Humanos y sus implicaciones Federal y Estatal. El Municipio de Monterrey, su Cabildo, no puede cambiar la manera en que debe de considerarse el estudios del Impacto Ambiental, porque es una reglamentación Constitucional, generando con su desacato o minimización, más desequilibrios urbanos y ambientales y en sí, más “trampas urbanas” y mala calidad de vida para todo mundo”.

Y los vecinos Apá

Hasta donde va la polémica en los medios de comunicación, de la narrativa de las autoridades municipales de Monterrey, los vecinos no existen en esa modificación reglamentaria que se busca realizar para supuestamente agilizar la asignación de permisos de construcción. A ellos (los vecinos), nos comenta el abogado, Núñez González: “La Ley Federal de Asentamientos Humanos tiene un capítulo para la participación ciudadana, en donde los Comités Vecinales tiene que ser una parte clave en los Planes, Programas y Proyectos de desarrollo urbano de los tres niveles de gobierno en nuestras ciudades y sus municipios. Hay suficiente material para entender que los procederes de nuestras autoridades ya no pueden seguir haciendo lo que les venga en gana. Este país ya cambio. Ahí está también la Ley de Responsabilidad Ambiental, en donde a como la llevan las cosas estos señores del municipio de Monterrey y de otros municipios metropolitanos que se andan “brincando” la MIA, muy bien pueden ser considerados “delincuentes ambientales”.

“Lamentable que hoy sea Día de la Tierra (Ayer) y tengamos que seguir demandando que las autoridades municipales del área metropolitana de Monterrey ya se pongan a estudiar la Constitución y se dejen de seguir sometiendo la vida urbana de nuestra ciudad a los intereses de unos cuantos desarrolladores y sus mega capitales inmobiliarios, haciendo a un lado a vecinos y medio ambiente”, concluyó el aguerrido abogado Mariano Núñez, de larga historia en luchas vecinales y ambientales.