Maestros federales jubilados de la Sección 21 del SNTE exigieron al gobierno estatal el pago pendiente de unos 28 millones de pesos, correspondientes a la liquidación correcta del pago de diferencias en la prima de antigüedad por laborar 30 años, que se les liquidó incompleta hace 15 años.
Decenas de ex profesores acudieron martes y miércoles a Palacio de Gobierno, donde entregaron un oficio y se entrevistaron con funcionarios para encontrar una pronta solución a su demanda.
Andrés Amaya Chávez, abogado del despacho que representa al magisterio afectado, informó que fueron recibidos por el director de gobierno, Adrián Martínez Sánchez, quien se comprometió a darles una respuesta en los próximos 10 días.
“El expediente lo conforman aproximadamente 600 maestros, de los cuales como a 250 les han cubierto el adeudo, pero indebidamente, porque le retuvieron un impuesto que no se debería. Estamos hablando como de unos 25 a 28 millones de pesos la deuda que se tiene pendiente de cubrir”, explicó.
Recordó que en reuniones con funcionarios estatales en 2025 y este año, el argumento principal que les han dado es que “simplemente no hay partida presupuestal para cubrirles el pago”.
“Dinero dicen que no hay. Entonces cómo andan presumiendo que el mundial y que el metro y tantas obras más. O sea, cuánto dinero no están invirtiéndole. Dinero sí hay, lo que no hay es es voluntad. Siento que en su momento hablaron muy bonito por la cuestión del proceso electoral pasado”, dijo.
En mayo de 2024, el Juez Segundo de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado otorgó un amparo a unos 600 ex maestros federales de la Sección 21, y dio un plazo de tres días al Gobierno de Nuevo León para pagar el adeudo de entre 45 y 55 millones de pesos, o de lo contrario sus bienes serían embargados, informó entonces el abogado Mario Amaya Chávez.
Indicó que “el problema es que si no cumplen en el término de 72 horas, también incurren en desacato contra la orden de amparo. Implica que la Secretaria de Educación y el Presidente de Conciliación están inmersos en una desobediencia a la sentencia federal. Entonces requieren al superior jerárquico de ellos, que es el Gobernador. Si tampoco el Gobernador cumple, empieza otro procedimiento de desacato en el que puede ser inhabilitado, suspendido, etc. No queremos que lleguen a eso”, aseguró.
Unos días después, el gobierno estatal citó a los maestros en Conciliación y Arbitraje para pagarles, pero solo poco más de 300 de los 600 afectados recibió un cheque, aunque incompleto.
Leave a Reply