Maestros jubilados de la Sección 50 acudirán este martes al Congreso local para pedir que citen al Tesorero estatal, Carlos Garza, y a la Secretaria de Educación, Sofíaleticia Morales, para que respondan por qué no han cumplido con el pago del adeudo de unos 55 millones de pesos desde 2011.
A través de un comunicado firmado por sus abogados, los profesores señalaron que, incluso, la Secretaria de Educación les aseguró a fines del 2024 que a principios de este año se cubrirían los pagos, pero no lo hicieron.
“A pesar de que hay órdenes de juzgados federales para que se pague, y de que ya hay embargos trabados en Santander y Banorte para cubrirles a todos el pago correspondiente, el Tesorero del Estado y la SEP están bloqueando e impidiendo se liquiden los adeudos”, aseguraron.
Recordaron que “el propio Congreso conminó a Tesorería para que se destinarán los recursos y se obtuviera el pago, y a la fecha no se acata la resolución, por lo que estimamos necesario e indispensable volver a manifestarse y solicitarle a los Diputados que impongan su autoridad y ya no se retarden los pagos”.
“Esperamos que asistan todos a los que se les adeuda el total y a quienes se les debe su diferencia correspondiente, para que ya no retarden más el pago”, agregaron.
El abogado Mario Amaya Chávez, recordó que en abril de 2024, los 600 maestros jubilados que representa, llegaron a un acuerdo con el gobierno estatal para pagarles, pero en mayo solamente 200 recibieron su cheque con una deducción injusta, y desde entonces han pasado 14 meses sin tener una respuesta de cuándo les pagarán a los restantes 400.
Explicó que desde 2011, los 600 maestros jubilados están reclamando un adeudo pendiente de unos 55 millones de pesos por parte del gobierno de Nuevo León, por lo que cada uno de los educadores tiene pendiente de recibir entre 85 mil y 110 mil pesos.
Mencionó que en octubre pasado, una comitiva de maestros jubilados y sus apoderados jurídicos fueron recibidos por legisladores del PT, Morena, PRI y PAN, quienes les aseguraron que apoyarián dicha petición de pago, y se comprometieron a gestionar que el Congreso apoye la petición para acatar y cumplir lo ordenado por la sentencia de la Tercer Tribunal Colegiado y el laudo de la Junta de Conciliación.
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