El largo historial de controversias que suma el gobernador Samuel García, como acusaciones por presunta violencia de género, triangulación de recursos para beneficiar a su familia, y dejar sus labores para disfrutar el Mundial de Futbol 2026, han derivado en que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León iniciara un proceso de juicio político para destituirlo.
En 2023, diputadas locales del PRI y PAN presentaron una queja formal contra Samuel García ante el INE, argumentando ser víctimas de amenazas, extorsiones y el cierre arbitrario de negocios familiares como represalia política.
El gobernador de Nuevo León es señalado por el periódico Reforma de triangular cerca de 1000 millones de pesos a la empresa suministro Mir y a su vez una filial de esta empresa entregó 202 millones de pesos a despachos vinculados con su familia.
Por su parte, el portal Latinus documentó que el DIF estatal, presidido de manera honorífica por Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, pagó 820 millones de pesos a comercializadora Don Cacahuato por la compra de paquetes de útiles escolares, alimentos y desayunos.
A su vez, una empresa filial del mismo corporativo al que pertenece la primera, distribuidora Damago, transfirió 4.6 millones de pesos al despacho firma jurídica y fiscal abogados, propiedad del mandatario y de su padre, Samuel Orlando García Mascorro.
Además, otros medios locales han documentado que desde que Samuel García asumió el cargo como gobernador, él y su familia han adquirido diversos terrenos y propiedades.
Se reveló que una de sus empresas compró un terreno de casi 18 hectáreas en una zona exclusiva del municipio de San Pedro Garza García, valuado en aproximadamente 700 millones de pesos. El predio quedó registrado a nombre de la empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles, encabezada por el gobernador y su padre.
Sin embargo, el mandatario no reportó esta propiedad en su declaración patrimonial. En respuesta, explicó que no fue él quien adquirió el terreno, sino que un consorcio empresarial lo entregó a su padre como pago en especie por servir legales prestados.
Además, Reforma documentó que el mandatario obtuvo otras tres propiedades a través de la empresa Saga Tierras y bienes inmuebles con un valor superior a los 29 millones de pesos.
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