Con 72 votos a favor y 34 en contra, el Senado aprobó la Ley Antipiratería y la llamada Ley” Antimemes, que sanciona el uso de logos, páginas o documentos oficiales para hacerlos pasar como reales, engañar y cometer un delito para salvaguardar los derechos de autor de creadores e inventores.
Las modificaciones al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial también contempla sanciones contra la reproducción, distribución, venta y explotación no autorizada de obras con hasta 5 años de prisión y multas de 1.17 millones de pesos.
Durante el debate, senadores de oposición acusaron que la reforma representa censura y un atentado contra la libertad de expresión, pero Morena defendió la medida y sostuvo que busca combatir fraudes sin perseguir los memes ni la libertad de expresión.
El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM, sostuvo que los partidos de oposición mienten, porque la reforma no castiga a quienes hacen memes o parodias como el programa “La Casa de los Mañosos”, en donde se caricaturiza figuras de la política mexicana.
El legislador pidió a la Mesa Directiva publicar un video en el que usan la imagen y voz de la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir a los usuarios de redes sociales hacer inversiones de al menos 2 mil pesos para ganar más de 100 mil pesos a la semana.
“Esto que es una parodia cumple los tres candados que no cumple ‘La Casa de los Mañosos’, que no cumple cualquier caricatura que critique el gobierno” y que están perfectamente establecidas en la ley”, sostuvo.
El artículo 403 Bis de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se menciona que será sancionado quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional o cualquier documento de carácter oficial perteneciente a cualquier institución pública de las tres órdenes de gobierno.
Esto se aplicará cuando, quien imite o utilice la identidad gráfica, busque inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicios, sistemas informáticos o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública a través de cualquier medio.
Las sanciones por este delito serán cárcel de uno a cinco años de prisión y la multa irá de 1,000 a 10,000 unidades de medida y actualización vigente en el momento que se comete el delito, y actualmente sería de hasta un millón 173 mil pesos.
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