El Gobierno de México demandará ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante baleado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada migratoria en Houston, Texas,, el 7 de julio, así como el fallecimiento de otros 14 connacionales al interior de los centros de detención de migrantes.
Durante la conferencia mañanera del miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se tomarían medidas jurídicas por parte de la Cancillería.
“Nuestro objetivo es ir más allá de las notas diplomáticas y de lo que planteamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, dijo sobre las acciones que habían tomado hasta ahora.
“Porque nos contestan, pero ya hay otra lamentable muerte de un connacional en Estados Unidos por asuntos de detención, cuando su única falta es no tener papeles, aun y cuando fueron contratados por una empresa estadounidense”, agregó.
Este jueves, el canciller Roberto Velasco, informó que “la Secretaría de Relaciones Exteriores va a solicitar apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar de manera formal denuncias contra quien resulte responsable ante las fiscalías estatales y ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las muertes de mexicanos bajo custodia y en operativos del ICE.

Explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta al Gobierno de Estados Unidos para exigir el esclarecimiento de las muertes de ciudadanos mexicanos, y detalló que las autoridades estadounidenses respondieron que cada uno de los casos se encuentra bajo investigación.
Sin embargo, el Gobierno mexicano anunció que ahora buscará que las investigaciones avancen por la vía penal, por lo que solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) presentar denuncias formales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra quienes resulten responsables.
Al menos 17 mexicanos han perdido la vida, 14 en en centros de detención del ICE desde el regreso a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, que ha endurecido la política migratoria de la Casa Blanca.
Trump ha conseguido ya la astronómica cifra de 240.000 millones de dólares de presupuesto para el ICE, destinado para detenciones y expulsiones con el objetivo de lograr lo que él mismo llamó la “mayor deportación de la historia”.












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