La Alianza de Usuarios y Servicios Financieros denunció nuevamente la falta de transparencia en las tarifas del servicio de agua y drenaje en Nuevo León, así como los incrementos injustificados que afectan directamente a miles de familias.
Durante las acciones de diálogo y protesta en las oficinas de Agua y Drenaje de Monterrey, el dirigente del colectivo, Jaime Noyola, señaló que las tarifas no se encuentran publicadas de manera clara y accesible, lo que contradice principios básicos de información al consumidor y deja a los usuarios en estado de indefensión para cualquier reclamación.
“La autoridad argumenta aumentos por costos operativos, como el consumo de energía eléctrica, pero no presenta información detallada ni verificable que permita entender cómo se calculan los cobros. Estos incrementos, además, no cumplen con los principios de proporcionalidad y equidad establecidos en la Constitución”, indicó.
Recordó que el acceso al agua es un derecho humano, no una mercancía, y advirtió que Agua y Drenaje de Monterrey opera bajo un criterio empresarial, priorizando el cobro antes que la atención a los usuarios.
Asimismo, mencionó que, pese a solicitar una audiencia con el director del organismo, no se recibió atención directa, y la respuesta se limitó a un protocolo administrativo sin capacidad real de resolución. “El personal que atiende no cuenta con la información ni las atribuciones necesarias para aclarar cobros o reconocer errores”, añadió.
Noyola Cedillo subrayó que esta situación no es un caso aislado, sino parte de un patrón que también se observa en otros servicios públicos como el transporte, donde las tarifas aumentan sin que el servicio mejore.
Comentó que los funcionarios de Agua y Drenaje intentaron explicar la fórmula que solo ellos saben, y que se niega a hacerla comprensible para el usuario.
Aseguró que durante el encuentro, no se asumió el compromiso de publicar el tabulador de tarifas en los recibos, pese a que la empresa cuenta con los recursos técnicos para hacerlo, y esta omisión mantiene a los usuarios en indefensión, impidiéndoles verificar si los cobros son correctos.
Asimismo, denunció que el Consejo de Administración de Agua y Drenaje está integrado mayoritariamente por intereses privados, con una representación ciudadana mínima y sin mecanismos de rendición de cuentas hacia los usuarios.
“El agua no puede seguir tratándose como mercancía ni como instrumento meramente recaudatorio. Es un derecho humano y debe regirse por principios de justicia hídrica, equidad y transparencia”, señaló.
Jaime Noyola reiteró que la única defensa efectiva ha sido la organización de los usuarios, e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar abusos, sumarse a las acciones colectivas y participar en los próximos mitines.
Informó que la Alianza de Usuarios continuará informando a la ciudadanía, distribuyendo manuales de consumo, asesorando a usuarios y acudiendo a instancias como PROFECO, Derechos Humanos y tribunales, de ser necesario, para garantizar que la gente pague únicamente lo justo.
“La lucha por el agua es una lucha por la vida y por la dignidad”, concluyó.
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