México como una salida posible de la metaestructura económica
Apuntes desde el suelo
Dr. Lenin Torres Antonio.
En un artículo anterior, “Lula y la terrible confesión de la izquierda: votamos izquierda desde la plusvalía capitalista”, planteé una paradoja que está implícita en una declaración que hizo Lula de los movimientos de Izquierdas (1), que parece definir buena parte de la política contemporánea: las izquierdas pueden ganar elecciones, ocupar gobiernos y conservar incluso el lenguaje histórico de la transformación social, pero terminan gobernando dentro de una arquitectura económica cuyas reglas fundamentales no establecieron, y que provienen de la economía.
La confesión de Lula nos sirvió entonces como evidencia de un fenómeno mucho mayor. Después de la caída del Muro de Berlín y del debilitamiento de los grandes relatos ideológicos del siglo XX, no desaparecieron necesariamente las ideologías; ocurrió algo quizá más profundo: la economía ha estado ocupando el centro que antes disputaban las grandes concepciones políticas del mundo.
De ahí mi hipótesis acerca de la econopolítica y del econopolítico: el Estado y el gobernante contemporáneos pueden proceder de la izquierda, la derecha o el centro, pero una vez instalados en el poder deben responder a crecimiento, inversión, deuda, déficit, mercados, competitividad, inflación, calificaciones financieras y movimientos de capital.
La economía dejó así de ser solamente uno de los grandes problemas de la política para convertirse progresivamente en la Gran Política.
Pero aquella reflexión dejaba abierta una pregunta que merece ser explorada: ¿es posible salir de esa metaestructura sin salir de la economía mundial que la sostiene?
Y es aquí donde aparece México, y quizás la salida está en la respuesta mexicana y su 4a Transformación (4a T.).
A casi dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum, México ofrece un fenómeno que merece ser observado más allá de las simpatías o antipatías partidistas, porque el movimiento social y político de la 4a T. no proviene del socialismo marxista-leninista del siglo XX, pues no existe abolición de la propiedad privada, colectivización de los medios de producción ni desaparición del mercado; y México continúa siendo una economía capitalista, abierta, profundamente integrada a los circuitos mundiales de producción y comercio, por esto el fenómeno resulta interesante.
Creo que, con el movimiento de la 4a T, que ha encabezado primeramente Andrés Manuel López Obrador AMLO y ahora la presidenta Sheinbaum, dentro de la economía capitalista está produciéndose un intento de reconstrucción de la función social del Estado.
Una contradicción, pues dentro del predominio del capitalismo el Estado mexicano pese a estar inmerso en una economía global capitalista pretende recuperar bienestar, soberanía, autonomía y capacidad de intervención, o sea que en México el Estado está actuando socialistamente, y bien, podríamos denominar ese intento como un socialismo del sentido común.
No el socialismo de la revolución proletaria, sino aquel que comienza con una pregunta mucho más elemental: ¿qué debe hacer el Estado cuando la economía produce riqueza y, simultáneamente, distribuye de manera profundamente desigual las posibilidades de disfrutarla?
Una respuesta posible es la del Estado mínimo: intervenir lo menos posible y confiar en que los mecanismos económicos producirán, directa o indirectamente, el equilibrio social, y la otra, consiste en recuperar al Estado como mediador entre la producción económica de la riqueza y su traducción en condiciones materiales de existencia.
Ahí se encuentra el núcleo de lo que está ocurriendo en México, y parece que México a optado con la 4a T. por la segunda respuesta: un Estado como mediador entre las riquezas que produce la economía y una democracia económica que permita una mejor redistribución de la plusvalía economía y esto se traduzca en bienestar social para las mayorías.
Existe un dato que permite abonar esta afirmación.
En 2026, los Programas para el Bienestar disponen de más de un billón de pesos y el gobierno calcula que alcanzarán directamente a 42.8 millones de personas. La propia administración federal lo presenta como el mayor nivel de inversión social registrado hasta ahora en estos tipos de programas por un gobierno de México.
La cifra importa no solamente por su magnitud, importa por lo que significa políticamente.
Después de varias décadas durante las cuales México transitó hacia una concepción que redujo o transformó importantes espacios de intervención económica del Estado, aparece nuevamente un gobierno dispuesto a movilizar una cantidad de recursos públicos de esta dimensión para intervenir directamente sobre las condiciones materiales de millones de personas.
Y el movimiento no parece plantearse como provisional, pues en el Paquete Económico 2027 contempla alrededor de 1.1 billones de pesos para los Programas para el Bienestar, al mismo tiempo que proyecta aumentos reales para educación, ciencia, salud y otras áreas públicas.
Aquí está el dato que vuelve especialmente interesante el experimento mexicano.
Durante aproximadamente tres décadas, desde las reformas iniciadas en los años ochenta y profundizadas a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, México experimentó privatizaciones, apertura económica, liberalización y una modificación sustantiva de las funciones productivas y reguladoras que había acumulado el Estado posrevolucionario.
No desapareció el Estado social ni dejaron de existir políticas públicas de combate a la pobreza, aunque si no del calado de los gobiernos de la 4a T., sería históricamente incorrecto afirmarlo.
Lo que cambió fue la concepción de la relación entre Estado y economía.
El mercado adquirió una centralidad creciente y el Estado dejó de asumir muchas de las funciones productivas que había desempeñado durante buena parte del siglo XX.
Ese ciclo atravesó gobiernos de diferentes partidos y llegó hasta Enrique Peña Nieto.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador en 2018 significó una ruptura política con aquella orientación y comenzó un proceso de recuperación de la intervención estatal, fortalecimiento de empresas públicas, expansión de transferencias sociales y recuperación del salario mínimo.
Pero López Obrador enfrentó también los límites institucionales de su primera etapa: durante buena parte de su gobierno no contó con la mayoría constitucional necesaria para realizar determinadas modificaciones que requerían las dos terceras partes del Congreso.
Sheinbaum recibe una situación distinta.
Por ello quizá sea más preciso interpretar ambos gobiernos como momentos diferentes de un mismo proceso: López Obrador reconstruyó las bases políticas del Estado social; Sheinbaum intenta profundizar su institucionalización.
Pese a ese impulso social y la postura manifiesta socialista del gobierno de Sheinbaum, su gobierno no está abandonando la racionalidad económica.
El Paquete Económico 2027 habla simultáneamente de bienestar, inversión pública y derechos sociales, pero también de reducción gradual del déficit, sostenibilidad de la deuda, incremento de los ingresos tributarios, crecimiento e inversión privada. Hacienda proyecta los Requerimientos Financieros del Sector Público en 3.9 % del PIB para 2027 y plantea preservar la estabilidad macroeconómica.
Esta postura resulta una piedra en el zapato para la creciente derecha internacional que desecha cualquier intervención social de un estado, y un aliciente a la izquierda progresista que pintaba de forma catastrófica Lula.
México no está diciendo: la economía ya no importa, está intentando decir algo diferente: la economía importa, pero no puede decidir por sí sola para qué existe el Estado.
Esa diferencia es enorme.
Porque significa que puede mantenerse disciplina fiscal, inversión privada, mercado, comercio exterior y estabilidad macroeconómica y, simultáneamente, disputar políticamente el destino social de una parte de la riqueza producida.
La propia presentación oficial del Paquete Económico sintetiza esa convivencia: no plantea escoger entre bienestar y finanzas públicas sanas, sino utilizar la estabilidad de las finanzas para sostener bienestar, inversión y crecimiento.
Es decir, la 4a T mexicana presenta una salida poco explorada.
La caída de las ideologías produjo una falsa disyuntiva.
Parecía que solamente quedaban dos caminos: regresar a los socialismos estatales del siglo XX o aceptar que el capitalismo constituía el horizonte definitivo de toda sociedad posible, con su acumulación de las riquezas en las manos de unos cuantos países a nivel global y en unas cuantas familias a nivel local.
México sugiere una tercera posibilidad.
No salir del capitalismo, sino recuperar dentro de él la autonomía relativa de la política.
Ésta podría ser una de las salidas menos exploradas de la metaestructura económica contemporánea.
No necesariamente cambiar el sistema económico mundial -empresa prácticamente imposible para un Estado aislado-, sino recuperar la capacidad política para decidir qué espacios de la vida colectiva no deben quedar subordinados exclusivamente a la racionalidad económica, como lo es, salud, educación, pensiones, infraestructura, energía, transporte, vivienda, bienestar mínimo.
No resulta extraño observarlo en Europa, pues buena parte de las sociedades europeas serían difícilmente imaginables sin sistemas públicos de salud, educación, pensiones, transporte ferroviario e infraestructura sostenidos o regulados decisivamente por el Estado.
Entonces, ¿por qué llamar inmediatamente “socialismo” a cualquier recuperación de la capacidad social del Estado?, porque después de varias décadas de hegemonía del mercado hemos terminado considerando radical aquello que durante buena parte del siglo XX fue simplemente una de las funciones ordinarias del Estado moderno.
Pero existe todavía una circunstancia que convierte a México en un laboratorio particularmente interesante, ya que esto que les platico está ocurriendo al lado de Estados Unidos, y ahi está la grandeza de la presidente Sheiunbaum.
No en una economía periférica relativamente aislada del capitalismo norteamericano, sino en un país profundamente integrado productiva y comercialmente con él.
México intenta construir esta alternativa siendo vecino y socio económico fundamental de Estados Unidos. México el Estado Socialista, ésa es quizá la mayor paradoja, y el valor y el liderazgo mundial del actual gobierno de México.
México necesita comerciar, atraer inversión, integrarse a cadenas productivas norteamericanas y conservar estabilidad macroeconómica, mientras simultáneamente intenta reconstruir una concepción del Estado que reivindica derechos sociales, intervención pública y redistribución.
En otras palabras, una tentativa de reconstrucción del Estado social está desarrollándose junto al centro económico y político más poderoso del capitalismo contemporáneo.
Como dije también Sheinbaum responde a Lula.
La advertencia de Lula nos llevó a observar cómo las izquierdas podían conquistar el gobierno y terminar atrapadas dentro de una estructura económica que limitaba severamente su capacidad transformadora.
México permite formular ahora la pregunta inversa.
¿Puede un gobierno aceptar las restricciones de la economía sin aceptar que la economía constituya el límite absoluto de la política? Sheinbaum no proporciona todavía una respuesta definitiva, sería intelectualmente precipitado afirmarlo, pero si lo que proporciona es un caso empírico en desarrollo. Y eso resulta mucho más interesante.
Porque quizá el socialismo posible del siglo XXI no tenga que buscarse en la repetición de los modelos del siglo XX.
Tal vez sobreviva en algo mucho más elemental: la negativa política a aceptar que la economía tenga la última palabra sobre la sociedad.
Si llamamos socialismo a esa voluntad de colocar nuevamente la cuestión social en el centro de la acción estatal, entonces podríamos encontrarnos ante algo paradójico: mientras buena parte de las izquierdas del mundo administra resignadamente las restricciones económicas que Lula reconoce, México intenta construir, con todas sus contradicciones y sin garantías de éxito, una salida distinta, y no es una salida de la economía, sino una salida de la economía como totalidad.
Y quizá ahí se encuentre la diferencia decisiva entre administrar la economía y volver a hacer política, y salgamos de convertir al político en econopolítico, y al Estado en sólo Estado económico, como lo presentaba con orgullo el padre de liberación social del estado mexicano Salinas de Gortari, y todavía hoy los analfabetos de la derecha mexicana, y ahora a nivel internacional, verlo reproducir en las figuras como Milei, como “lo nuevo” que ya sabemos que no es el camino para la democracia económica.
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