La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, anunció su decisión de renunciar al cargo, tras publicaciones en medios y señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre presuntas irregularidades, conflictos de interés y triangulación de recursos en la adjudicación de contratos a empresas proveedoras de material electoral.
En las últimas semanas se difundieron reportes y grabaciones sobre relaciones con el empresario José Alfredo Hernández Casillas y la designación de personal con posibles conflictos de interés en áreas administrativas clave del INE.
“Después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa Soberanía me confirió en abril de 2023 como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral”, señaló Taddei en un comunicado.
“Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal”, añadió.
En su texto, Taddei afirmó: “no soy ajena a los señalamientos que durante los últimos días se han difundido en medios de comunicación y redes sociales donde se han circulado trascendidos, montajes, filtraciones y versiones cuya autenticidad, contexto y propósito como en todos los casos deben verificarse y corroborarse”.
“Tengo la convicción de que toda denuncia (…) debe esclarecerse de manera transparente, objetiva y conforme a derecho”, agregó.
Apenas el sábado, Taddei informó que funcionarios en áreas clave del organismo fueron relevados de sus cargos en tiempo y forma para dar paso a una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que fiscaliza el uso de dinero público tras los señalamientos de posible corrupción.
Las consejerías restantes del Consejo General del INE deberán acordar la designación de una presidencia provisional o rotativa mientras avanza el nombramiento definitivo.
De acuerdo con lo señalado por coordinadores legislativos en la Cámara de Diputados, se emitirá una convocatoria pública para evaluar perfiles y elegir por votación calificada a quien ocupe la presidencia del INE, un procedimiento estimado entre cuatro y cinco semanas.
La crisis en el INE llega en pleno proceso electoral federal 2026-2027, en el que se renovarán 17 gubernaturas estatales, 500 diputaciones y el control del Congreso, entre otros cargos, en las elecciones que se celebrarán en junio próximo.
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