Protegían intereses órganos autónomos extinguidos, afirma diputado del PT, Santiago González

La Cámara de Diputados aprobó en lo general, por 347 votos a favor y 128 en contra, la extinción de siete organismos autónomos, con el fin de evitar duplicidad de funciones, gastos innecesarios y casos de corrupción.

Los órganos autónomos que desaparecerán son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).

Este jueves 21, a la 9:00 horas, continuará la discusión del dictamen en lo particular.

El diputado del PT, Santiago González, afirmó que estos organismos autónomos protegían intereses de partidos políticos que ahora son oposición, además de que los consideró innecesarios, costosos y no rinden cuentas.

Comentó que la extinción de estos entes públicos se traducirá en un ahorro anual de alrededor de 100 mil millones de pesos, que se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Por su parte, el legislador petista Ricardo Mejía señaló: “Crearon organismos tapadera para simular un cambio mientras pretendieron dejar intocado el régimen de corrupción, privilegios, impunidad, vil gatopardismo. Y ese fue el caso de varios de los llamados organismos autónomos que hoy por mandato del pueblo habrán de fenecer”.

La ley establece que las actividades de las entidades autónomas disueltas serán asumidas por las Secretarías afines y otras dependencias del Ejecutivo, como la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía o la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Los recursos humanos y materiales de las entidades que se extingan serán transferidos a las instituciones responsables, respetándose los derechos laborales de los servidores públicos afectados.

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