Raúl A. Rubio Cano
El activista social y abogado, licenciado Alejandro Valdez López, hizo un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para emprender una revisión integral de los inmuebles destinados a la renta de habitaciones o “minicuartos”, al considerar que en algunos casos, podrían existir condiciones de explotación económica, irregularidades administrativas y riesgos para quienes habitan estos espacios.
Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado recientemente que, de las personas en estado de vulnerabilidad, los renteros se aprovechan de esa situación de inexperiencia, debilidad o necesidad del arrendatario.
Comentó Valdez López que miles de trabajadores, adultos mayores, madres solteras, estudiantes, migrantes y personas de escasos recursos, no tienen otra alternativa que rentar pequeñas habitaciones con pagos excesivos por semana, aceptando condiciones que difícilmente elegirían si contaran con opciones de vivienda digna.
“Cuando la necesidad obliga a una persona a aceptar cualquier condición para tener un techo, el Estado tiene la obligación de vigilar que no existan abusos. La pobreza no puede convertirse en un negocio sin límites para unos cuantos pillos”, expresó.
De acuerdo con Valdez López, existen inmuebles que operan con decenas de habitaciones, cobrando rentas semanales que, en conjunto, representan altos ingresos importantes. Por ello, solicitó que las autoridades verifiquen el cumplimiento de las disposiciones en materia de uso de suelo, desarrollo urbano, protección civil, instalaciones eléctricas, medidas contra incendios, salidas de emergencia, condiciones mínimas de habitabilidad y obligaciones fiscales.
Asimismo, pidió que se investigue la posible existencia de operaciones realizadas completamente en efectivo, la ausencia de contratos escritos o recibos formales y cualquier otra práctica que pudiera afectar los derechos de los arrendatarios o incumplir la legislación aplicable.
El abogado insistió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado criterios relacionados con la protección de la dignidad humana, la buena fe contractual y la prohibición del aprovechamiento indebido de personas en situaciones de vulnerabilidad, principios que deben orientar la actuación de las autoridades cuando existan indicios de desequilibrios abusivos en las relaciones entre particulares.
Hizo un llamado a los tres órdenes de gobierno para crear un padrón de este tipo de establecimientos, fortalecer las inspecciones y sancionar a quienes incumplan la ley.
“La vivienda es un derecho humano. Quien obtiene ganancias mediante el arrendamiento de habitaciones debe cumplir con la ley, pagar los impuestos que correspondan, garantizar condiciones dignas y respetar los derechos de las personas. La necesidad de un techo no puede ser utilizada como instrumento para obtener beneficios desproporcionados a costa de quienes menos tienen”.
Por último, Valdez López afirmó que continuará impulsando acciones legales y sociales para que este fenómeno sea atendido por las autoridades competentes y para que los derechos de los inquilinos sean protegidos conforme a la Constitución y a la legislación vigente. ¡Órale!
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