Por huggo romerom™
Escritor y estudiante de Derecho
El servicio social, lejos de ser un mero requisito administrativo para alcanzar un título universitario, representa una oportunidad ética y profesional de incidir en la realidad jurídica del país desde una perspectiva de compromiso social. En este momento de mi formación académica, he sido informado de que, por políticas institucionales, las opciones para realizar el servicio social se limitan a dependencias del estado. Esta circunstancia, lejos de ser un obstáculo, la interpreto como una guía providencial: entre las instituciones disponibles, el Instituto de Defensoría Pública se presenta como la opción más congruente con mi visión de justicia y con el sentido profundo del Derecho como instrumento al servicio de la dignidad humana.
La justicia real —aquella que se vive en los estrados judiciales, en las audiencias, en los expedientes y en la desesperación de quienes no tienen recursos para defenderse— no se construye desde la comodidad del discurso, sino desde el ejercicio activo de la vocación jurídica. El Instituto de Defensoría Pública es, en este sentido, una verdadera trinchera para quienes creemos que la ley no debe ser privilegio de unos cuantos, sino un bien común, accesible y eficaz para todos, especialmente para quienes más la necesitan.
Aceptar esta encomienda no es simplemente cumplir con un trámite institucional, sino abrazar un compromiso con las personas que viven al margen de las estructuras formales del sistema legal: personas en condiciones de vulnerabilidad, víctimas de abusos, detenidos sin representación digna, mujeres que enfrentan violencia, comunidades indígenas, adultos mayores sin voz, jóvenes criminalizados por su condición social. Desde este lugar, el servicio social se convierte en una forma concreta de reivindicar los derechos humanos, no desde la teoría, sino desde el acompañamiento jurídico directo, empático y profesional.
En tiempos en que el derecho muchas veces se percibe como una herramienta de exclusión o como un lenguaje inaccesible, el defensor público —y quien lo apoya— puede ser el puente entre la norma y la justicia. Desde esa posición, el estudiante en servicio social no sólo aprende técnica jurídica: aprende también a mirar a los ojos a las personas, a escuchar con respeto, a escribir con responsabilidad y a litigar con conciencia social.
Quizá por eso se limitaron mis opciones. Tal vez no era necesario tener a mi alcance una gama de instituciones prestigiosas o con renombre, sino una sola que diera sentido a la carrera que elegí. Esta oportunidad de servir desde el Instituto de Defensoría Pública no es casual, es causal: es un llamado a ejercer el Derecho desde el deber moral de apoyar al más débil, de equilibrar la balanza, de honrar la Constitución no sólo como texto, sino como praxis.
Tomaré ese reto con humildad, con entrega y con la convicción de que no hay mayor privilegio para un jurista en formación que poder ayudar a quien lo necesita sin distinciones, sin prejuicios y sin cobrar por ello. Porque cuando el Derecho se pone al servicio del pueblo, y no del poder, la justicia deja de ser una promesa y se convierte en realidad.
Jaque Mate
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