Con 25 votos a favor y 12 en contra, el Senado de la República aprobó en comisiones, en lo general y en lo particular, la minuta que reforma el Poder Judicial.
El dictamen de reforma al Poder Judicial pasará ahora al pleno del Senado para su discusión y aprobación.
Tras un debate de más de siete horas en las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, los representantes de los grupos parlamentarios fijaron sus posturas a favor y en contra de esta reforma.
Posteriormente procedieron a la votación, donde los senadores de Morena, PT y PVEM sumaron 25 votos a favor, por 12 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Entre los principales puntos de esta reforma judicial destacan la reducción de la remuneración de ministros, magistrados y jueces, que ahora no podrá ser mayor a la del titular del Ejecutivo Federal, disminuir el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, y reducir su tiempo en el cargo de 15 a 12 años, prohibiendo la reelección.
La reforma también establece elegir a los ministros, magistrados y jueces mediante voto universal, directo y secreto, añadir requisitos como un promedio mínimo de calificaciones y cinco años de experiencia en el ámbito jurídico para ser considerado en el proceso de selección, y permite sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por el Tribunal Disciplina Judicial, que revisará la actuación y proceder de los juzgadores, sobre todo si sus resoluciones afectan derechos de la ciudadanía.
La presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Citlalli Hernández, señaló que la reforma es una “reingeniería estructural que rompe las lógicas que han prohijado la construcción de un sistema de cotos de poder y vicios corruptores dentro del poder judicial”, que durante décadas “lo han carcomido”.
Durante la presentación de posturas de los grupos parlamentarios, el Senador Óscar Cantón Zetina, afirmó que el pueblo de México le otorgó a Morena y sus aliados casi 36 millones de votos y, con ello, “el poder reformador que la Constitución exige”, es decir, las dos terceras partes del Congreso para terminar con las injusticias, la corrupción, la ineficiencia y la insensibilidad del Poder Judicial.
El senador Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, aseguró que desde 2018 inició la democratización del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero el gran pendiente es el Poder Judicial, por lo que es momento de que este empiece a trabajar en beneficio del pueblo.
Alejandro González Yáñez, senador del PT, recordó que uno de los ideólogos del PAN, Juan José Rodríguez Prats, llamaba a los integrantes de este partido político para que se sometieran a la congruencia histórica y fueran leales a sus antecedentes, entre ellos, a las ideas de José Vasconcelos, que recomendaba que el Poder Judicial fuera creado, “al triunfo de la reforma, mediante la elección popular de jueces y magistrados”.
Por Movimiento Ciudadano, la Senadora Alejandra Barrales acusó que la propuesta no resuelve los problemas de justicia, sino que vulnera el Estado de Derecho al buscar que el Ejecutivo controle al sistema judicial, lo que provocará un impacto negativo en la certeza jurídica que requieren inversionistas y trabajadores, sobre todo, de cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
El Senador panista Ricardo Anaya exigió “al oficialismo” que deje de presionar a las y los legisladores de oposición para que voten a favor de la reforma judicial. Además, confió en que las y los senadores de oposición no se doblarán ni se venderán para detener esta propuesta y empezar a “trabajar en una auténtica reforma a la justicia mexicana”.
Carolina Viggiano, Senadora del PRI, afirmó que el voto de los y las legisladoras de su bancada será en contra, porque la reforma no es democrática y quienes “la van a padecer” son las personas más pobres; además, afirmó que “es falso” que los ciudadanos vayan a elegir a quienes sean sus juzgadores, pues los candidatos serán seleccionados por Morena y el Gobierno Federal, y en las entidades, lo harán los gobernadores.
