El Senado de la República aprobó por unanimidad de 76 votos, una reforma constitucional que prohíbe el matrimonio infantil en todo el país, especialmente en pueblos y comunidades indígenas.
En el documento turnado a la Cámara de Diputados, las y los senadores advirtieron que las niñas y adolescentes que pertenecen a comunidades indígenas, donde la convivencia se rige esencialmente por usos y costumbres, corren mayor riesgo de sufrir actos que violen sus derechos, como es el caso de los matrimonios forzados.
Enfatizaron que si bien es preciso garantizar el respeto de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, como la misma Constitución lo establece, y de acuerdo con diversos tratados internacionales de los que es parte México, también se debe precisar que tales prácticas no pueden estar por encima de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
“Con esta reforma constitucional se pretende contribuir a una protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes que pertenecen a las comunidades indígenas del país, considerando de suma relevancia el respeto a su interés superior, sin perjuicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios”, subrayaron los legisladores.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, expuso que los matrimonios y uniones infantiles forzados tienen muchas causas, pero principalmente son impulsadas por normas de género que privan a las niñas y adolescentes de sus derechos sexuales y reproductivos.
Lo anterior, continuó, limita sus opciones en la vida, al igual que el factor de pobreza que afecta especialmente a pueblos indígenas de América Latina y México, donde los niveles alcanzan cifras demasiado altas, particularmente entre los menores de 18 años, por lo que cobra relevancia proteger constitucionalmente a estos sectores.
Al fijar la postura de Morena, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez confió en que ningún grupo parlamentario en el Senado se opondría a aprobar esta enmienda por mera “politiquería”, pues no se puede aceptar que haya niñas de 13 o 14 años casadas con sujetos de más de 35 años.
La senadora Josefina Vázquez Mota, de Acción Nacional, advirtió que nuestro país ocupa uno de los primeros ocho lugares en el mundo en materia de matrimonio forzado infantil, hecho que se da en no pocas comunidades y que no obedece a los usos y costumbres, sino que es consecuencia de que no se reconozca a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.
En representación del PT, la senadora Geovanna Bañuelos lamentó que, en localidades de estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, persistan prácticas que atenten contra la libertad de decisión y trasgredan los derechos humanos de las niñas y adolescentes indígenas con lo que, tan sólo en esta última entidad, se tenga registro de que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio.
De acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), en el año 2000, un tercio de las mujeres de entre 20 y 24 años señaló haber contraído matrimonio siendo menor de edad. Esta cifra pasó el año 2015 al 25 por ciento y se estima que el porcentaje de matrimonio infantil antes de los 15 años disminuyó de 11 por ciento en el año 2000 al 8 por ciento en 2015.
Agrega que la cifra actual de niñas casadas menores de 18 años en todo el mundo alcanza los 650 millones, en tanto que el 21 por ciento de las mujeres jóvenes (de entre 20 y 24 años) fueron obligadas a casarse siendo niñas.
