Por mayoría calificada de 86 votos a favor, 41 en contra y 0 abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la reforma al Poder Judicial.
Después de varias horas de debate y un cambio de sede ante la irrupción de manifestantes en la sede principal, a las 03:55 horas del miércoles se votó y aprobó en lo particular la iniciativa de reforma judicial, que será turnada a los Congresos estatales, 17 de los cuales deben aprobarla para regresar al Poder Ejecutivo y convertirse en ley.
El senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, votó a favor de la reforma al Poder Judicial, mientras que el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, no acudió a la sesión.
“Sé que la reforma al Poder Judicial que se nos ha propuesto no es la mejor, pero en las leyes secundarias tendremos la oportunidad de perfeccionarla y de instrumentarla”, dijo Yunes Marquez, y añadió: “Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia”.
Yunes Márquez denunció que sí fue objeto de presiones por el sentido de su voto, pero no desde el oficialismo, como denunció en días pasados la oposición, sino desde su propio partido.
“No puedo aceptar que se me quiera imponer el sentido de mi voto en ningún caso; nunca había visto en el PAN un intento de imposición y sojuzgamiento tan burdo como el de estos días”, dijo.
“A base de amenazas y agresiones han querido obligarme a que me pronuncie en contra de una reforma sin analizarla, sin discutirla, sin dialogar, simplemente porque se decidió ir en contra de la mayoría”, señaló.
Los puntos principales de la propuesta establecen que los jueces federales y ministros de la Suprema Corte de la Nación (SCJN) deben ser elegidos por voto popular y avala la reducción de 11 a 9 el número de ministros de la Suprema Corte y que el periodo de su encargo se reduzca de 15 a 12 años.
También se busca eliminar las dos salas en las que está dividida actualmente para dejar su operación sólo en sesiones plenarias, las cuales, serán públicas y con esto se elimina la posibilidad actual de realizar sesiones privadas, y se propone que para aprobar sentencias sean necesarios seis votos.
Establece específicamente que las remuneraciones de los ministros y ministras de la Corte y los diferentes jueces no podrán ser mayor a lo percibido por quien ocupe la Presidencia de la República. Además, se elimina la posibilidad de que obtengan una pensión vitalicia tras concluir su encargo.
Otros puntos establecidos en la reforma al Poder Judicial implica la desaparición del Consejo de la Judicatura para sustituirlo con un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial y la celebración de dos elecciones para renovar los cargos dentro de ese Poder del Estado. La primera de ellas sería extraordinaria y se realizaría en junio próximo, mientras que la segunda elección se llevaría a cabo en 2027.
