A más de tres décadas de la crisis de 1994-1995, la creación del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) por el gobierno priísta de Ernesto Zedillo, como rescate financiero para la economía mexicana, sigue siendo un lastre para las actuales y futuras generaciones.
Lo que se presentó como un mecanismo para proteger los ahorros de los ciudadanos y así garantizar la continuidad del sistema de pagos terminó convirtiéndose en una pesada e injusta deuda económica que ha recaído sobre tres generaciones de mexicanos.
El Fobaproa absorbió deudas privadas de 12 bancos mexicanos privados en crisis por 552 000 millones de pesos, en deuda pública con el fin de salvar los ahorros de los mexicanos y las convirtió en deuda pública, ya que través de programas como el de Capitalización y Compra de Cartera y los Apoyos a Deudores, se canalizaron recursos a créditos hipotecarios, empresariales, agropecuarios y municipales.
Aunque estas medidas buscaban aliviar la carga financiera de los deudores y evitar una cultura de no pago, el proceso
La operación Fobaproa estuvo marcado por una profunda corrupción, opacidad y falta de control institucional, ya que nunca publicó con claridad quiénes fueron los beneficiarios del rescate ni los montos exactos absorbidos por el Estado y por la sociedad mexicana, de igual modo los criterios para seleccionar las deudas asumidas permanecieron ocultos, lo que alimentó la sospecha de favoritismo hacia grandes grupos financieros, empresarios, políticos y la clase alta.
En 1999, el Fobaproa fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), con un sistema de protección limitada a los depósitos que, si bien buscaba mejorar la transparencia y la regulación, el daño ya estaba hecho.
Hasta 2025 este costo no ha terminado, los mexicanos han pagado más de 2 billones 30 mil millones de pesos en intereses acumulados desde 1995, y según datos, el saldo pendiente de la deuda aún supera 1 billón 159 mil millones de pesos.
Tan solo el año pasado, el presupuesto federal destinó más de 52 mil millones de pesos a cubrir estas obligaciones a través de recursos públicos utilizados para pagar una deuda ajena heredada por un grupo de personas beneficiadas en los 90´s que no genera beneficios directos actuales.
El mismo año que el Fobaproa se asumió como deuda pública, se estimó que las obligaciones se pagarían en 30 años, pero un cálculo hecho por los economistas Fausto Hernández Trillo y Marcos Ávalos en 2006 (publicado por las Naciones Unidas, a través de la CEPAL) pronosticó que serían 70 años (2064), asumiendo que el México tuviera un crecimiento económico anual de 4%, pero el crecimiento ha sido menor en en las dos últimas décadas y la deuda podría tardar en pagarse muchos años más.
Leave a Reply