La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que se inhabilitó, suspendió, destituyó y amonestó a 69 servidores públicos de 23 dependencias e instituciones federales en lo que va de julio.
Explicó que las sanciones anunciadas este domingo fueron por faltas administrativas graves y no graves, entre ellas acoso sexual, uso irregular de recursos, abuso de funciones, intento de obtener beneficios económicos y presentación de documentos médicos sin validez.
Señaló que las investigaciones fueron realizadas por órganos internos de control y unidades de responsabilidades, mientras que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) impuso las sanciones correspondientes a las faltas graves.
Las sanciones más severas fueron la inhabilitación por 20 años impuesta a un trabajador de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, adscrito a la Escuela Secundaria “Emiliano Zapata”, por acoso sexual contra dos estudiantes en 2020, mientras que una ex funcionaria de la Secretaría de Economía fue inhabilitada por 15 años y deberá indemnizar con 1.5 millones de pesos por autorizar 10 licencias con goce de sueldo sin contar con facultades para ello.
Además, una ex funcionaria de la Profeco fue destituida, inhabilitada por 10 años e indemnizada por asignarse viáticos de manera indebida, y dos servidores públicos de la Agencia Nacional de Aduanas de México fueron inhabilitados por intentar obtener un beneficio económico durante la revisión de mercancías.
También fueron sancionados cuatro ex servidores públicos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por irregularidades en el pago de apoyos del programa Producción para el Bienestar; y tres trabajadores de la CFE recibieron inhabilitaciones por irregularidades en la verificación de un medidor.
Por faltas no graves, la Secretaría Anticorrupción informó que sus Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades sancionaron a personas servidoras públicas de 14 instituciones.
Entre las medidas destacan la destitución e inhabilitación sólo por tres meses de un trabajador del Conalep por acoso sexual a una estudiante; la inhabilitación de un médico del IMSS por realizar procedimientos ginecológicos sin la presencia de un asistente o familiar y por efectuar tocamientos de carácter sexual; y la destitución de dos integrantes de la Guardia Nacional por presentar licencias médicas sin validez para justificar inasistencias.
Las sanciones restantes por diversas irregularidades administrativas incluyen suspensiones y amonestaciones en Pemex, CFE, Conafor, Sader, Finabien, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Banco del Bienestar, Banobras, Issste, Secretaría de Economía y Sepomex.
El 5 de julio pasado la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó de la inhabilitación, suspensión y amonestación de otros 35 servidores públicos.
Por faltas graves sancionaron a empleados de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos (Pemex), así como de los Órganos Internos de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Alimentación para el Bienestar (AliBien), en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en el Servicio Postal Mexicano (Sepomex),
Y por cometer faltas no graves, se sancionaron personas servidoras públicas de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Salud (Salud), Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Desde el inicio de la actual administración federal, de octubre de 2024 a julio de 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (antes Secretaría de la Función Pública), ha registrado más de 2,200 funcionarios y 241 empresas sancionadas.
Por faltas graves 397 funcionarios fueron llevados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y las sanciones incluyen amonestaciones, suspensiones temporales, destituciones e inhabilitaciones para ejercer cargos públicos por periodos que van desde 3 meses hasta 20 años. Y por faltas no graves, 1,858 funcionarios fueron sancionados directamente por la dependencia).
Además, 241 compañías fueron sancionadas, de las cuales 98 fueron inhabilitadas permanentemente para venderle al gobierno, por irregularidades como falsificación de documentos o incumplimiento de contratos.
La dependencia federal indicó que se han impuesto cobros históricos, destacando sanciones de hasta 777 millones de pesos en multas acumuladas para funcionarios y empresas por uso indebido de recursos.
La Secretaría Anticorrupción señaló que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar, y que esa Secretaría defenderá las resoluciones apegadas a derecho, respaldadas en evidencia y anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas.
Asimismo, invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad de cualquier funcionario o servidor público en: denuncias.gob.mx
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