Ante el nulo avance y las omisiones de la Fiscalía de Nuevo León en el fraude de la inmobiliaria CREARE, los afectados realizarán una manifestación este sábado 23 de mayo a las 11 de la mañana en Palacio de Gobierno, para solicitar juicio político, la destitución y el desafuero del fiscal general, Javier Flores Saldívar, y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado, Laura Perla Córdova.
El asesor jurídico de los denunciantes, Raymundo Ramírez Pompa, anunció que interpondrán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, y buscarán un juicio político, la destitución y el desafuero del fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado Laura Perla Córdova, por presuntamente entorpecer los procesos judiciales relacionados con el fraude de la inmobiliaria a unas mil 200 personas, que asciende a más de mil millones de pesos.
Explicó que pese a existir denuncias desde hace cinco años, las audiencias contra César Alejandro “N”, dueño de CREARE Desarrollos, actualmente vinculado a proceso, estas han sido aplazadas sistematicamente dentro del sistema judicial estatal.
“La Fiscalía de Nuevo León ha obstruido el acceso a la justicia de las víctimas, hay una paralización de las carpetas de investigar; una notoria parcialidad porque ha sido omisa a pesar de los años. Hay omisiones dolosas de las cuales existe evidencia, por ejemplo, que no va el agente del Ministerio Público a las audiencias de formulación de imputación, ya van cinco veces y es una humillación para las víctimas”, aseguró.
“Tenemos las pruebas objetivas con nombres y apellidos, números de carpetas en donde, en una manera sistemática y continua se le ha brindado protección e impunidad. No se les da impulso a las carpetas”, señaló Ramírez Pompa.
“Inclusive se incurre en delitos tanto de servidores públicos de la Fiscalía (estatal) como el Poder Judicial. Aunque esta persona está detenida, están difiriendo las audiencias continuamente en una cuestión que tiene responsabilidad inclusive penal la gente del
Ministerio Público por parte de la fiscalía y los jueces de control que son omisos”, agregó.
A César Alejandro “N” se le investiga por la presunta venta fraudulenta de inmuebles que jamás fueron entregados y, en muchos casos, ni siquiera edificados. A tres años de su arresto, y sin ninguna sentencia todavía, los afectados ven motivos para que la Fiscalía General de la República intervenga.
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