Apuntes desde el suelo
Dr. Lenin Torres Antonio
Los señalamientos que el Gobierno de Veracruz ha formulado recientemente sobre la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) no están fuera de la realidad. Sin embargo, tampoco representan el núcleo del problema. Las irregularidades financieras, la opacidad administrativa y los presuntos actos de corrupción que hoy salen a la luz son apenas la manifestación más visible de una crisis mucho más profunda, incubada desde el nacimiento mismo de la institución.
Lo verdaderamente preocupante es que los gobiernos emanados del obradorismo —tanto el anterior como el actual— descubrieran demasiado tarde lo que durante años fue un secreto a voces: que la UPAV operó bajo un esquema institucional que favorecía la opacidad, la discrecionalidad y la ausencia de controles efectivos.
Paradójicamente, la historia de la UPAV comenzó con una de las iniciativas educativas más importantes para Veracruz en las últimas décadas. Impulsada por hombres visionarios como los maestros Guillermo Héctor Zúñiga Martínez y Ranulfo Lara, la universidad nació para atender un problema histórico: el enorme rezago en educación superior que padecen miles de veracruzanos.
La respuesta social fue inmediata. En pocos años, la matrícula creció de manera exponencial porque, por primera vez, miles de jóvenes y adultos encontraron la posibilidad real de cursar estudios universitarios en sus propios municipios. La UPAV llenó un vacío que la Universidad Veracruzana, por limitaciones presupuestales y de infraestructura, ya no podía atender.
Sin embargo, el éxito social de la universidad contrastó desde el principio con la fragilidad de su diseño institucional.
La Ley 276, que dio origen a la UPAV, nunca construyó una auténtica universidad autónoma. Lejos de establecer una estructura académica sólida, con órganos colegiados, investigación científica, extensión universitaria, mecanismos transparentes para la elección de sus autoridades y garantías para su comunidad académica, creó una institución excesivamente dependiente del poder político.
Desde su origen, la universidad fue diseñada para funcionar como un apéndice del gobierno en turno.
Esa debilidad estructural se hizo aún más evidente tras el fallecimiento de su primer rector. La ausencia de reglas claras permitió que el manejo de los recursos derivados de las cuotas de recuperación de los estudiantes y de la certificación de decenas de instituciones educativas privadas quedara en manos de estructuras paralelas cuya operación nunca estuvo suficientemente fiscalizada.
Resulta difícil aceptar que los gobiernos de Morena tardaran más de siete años en reconocer públicamente una situación que era ampliamente conocida dentro de la comunidad universitaria. Durante el sexenio anterior, la UPAV continuó siendo utilizada para fines ajenos a su vocación educativa. Muchos fuimos testigos de cómo personal de la institución era movilizado para asistir a eventos políticos del partido gobernante y del propio Gobierno del Estado.
Lo que hoy se presenta como un descubrimiento extraordinario fue, durante años, una práctica tolerada.
Sin embargo, reducir la crisis de la UPAV al manejo irregular de los recursos sería simplificar excesivamente el problema.
El verdadero fracaso ha sido académico e institucional.
El modelo basado en el autoaprendizaje, el autofinanciamiento y la autosostenibilidad generaba recursos suficientes para construir una universidad distinta: bibliotecas físicas y virtuales, programas permanentes de capacitación docente, infraestructura regional, proyectos de investigación y mejores condiciones laborales para profesores y trabajadores.
Nada de ello ocurrió.
La ausencia de una auténtica contraloría universitaria, de órganos colegiados y de mecanismos de rendición de cuentas permitió que durante años el excedente financiero se administrara sin transparencia. Ese vacío institucional favoreció el enriquecimiento de algunos directivos y convirtió a la universidad en un instrumento útil para distintos intereses políticos.
Sería un error atribuir esta responsabilidad exclusivamente al gobierno actual.
Los gobiernos del PRI, del PAN y posteriormente de Morena utilizaron la UPAV bajo la misma lógica patrimonialista. Cambiaron los partidos, pero no cambió el modelo.
La universidad permaneció subordinada al poder político.
Pero tampoco pueden eximirse de responsabilidad quienes, desde el interior de la propia institución, contribuyeron a reproducir ese esquema.
La ausencia de una legislación verdaderamente universitaria permitió que diversas direcciones académicas se convirtieran en pequeños feudos personales. Durante años hubo directivos que permanecieron indefinidamente en sus cargos, algunos incluso encabezando simultáneamente varias ofertas educativas, sin cumplir necesariamente con los perfiles académicos que una universidad pública exige.
Mientras las reformas legales se concentraban casi exclusivamente en controlar los recursos financieros, se olvidó construir una auténtica comunidad universitaria.
La UPAV continúa careciendo de múltiples elementos indispensables para cualquier institución de educación superior: bibliotecas suficientes, programas permanentes de actualización docente, derechos laborales plenamente reconocidos, investigación científica consolidada y mecanismos democráticos para la designación de sus autoridades.
El deterioro de la calidad educativa es la consecuencia natural de esa omisión.
Por ello, nadie puede declararse inocente.
No los gobiernos, que utilizaron a la universidad como caja política y financiera.
No los grupos internos que privilegiaron intereses personales sobre el proyecto universitario.
Y tampoco quienes hoy reducen el debate exclusivamente al pago de salarios, ignorando que el verdadero problema consiste en la ausencia de una universidad plenamente autónoma.
Desde su fundación, el 15 de julio de 2011, he sostenido la misma convicción: la UPAV necesita una reforma estructural de fondo. No bastan ajustes administrativos ni controles financieros. Veracruz requiere una universidad con verdadera autonomía, gobierno colegiado, transparencia, profesionalización académica y estabilidad institucional.
Mientras la lucha por el poder siga imponiéndose sobre el interés público, las cuestiones verdaderamente importantes para Veracruz seguirán ocupando un lugar secundario.
Y la UPAV continuará siendo la expresión más clara de una oportunidad histórica desperdiciada.
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