La Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros pidió a las autoridades del municipio de Apodaca y del Estado que brinden todo el apoyo necesario a todas las víctimas del accidente de un camión de la Ruta 611 registrado el pasado domingo.
En la volcadura del camión de pasajeros, sobre la carretera Miguel Alemán, en el municipio de Apodaca, resultaron ocho víctimas mortales y 61 personas lesionadas, de las cuales 33 ya fueron dadas de alta ayer lunes.
A través de un comunicado, la Alianza de Usuarios señaló: “Exigimos de manera respetuosa pero firme a todas las autoridades competentes —estatales, municipales y a los organismos reguladores— que brinden un acompañamiento integral, que incluya:
• Apoyo jurídico efectivo, accesible y oportuno para las víctimas y sus familias.
• Atención médica, psicológica y moral, con enfoque de derechos humanos, sin dilaciones ni omisiones.
• Respaldo económico suficiente, que permita enfrentar los gastos inmediatos y de largo plazo derivados del accidente.
• Garantías de trato digno, justo y humano para todas las personas afectadas durante los procesos administrativos, legales y de reparación del daño.
Asimismo, hacemos un llamado puntual a la compañía aseguradora involucrada para que actúe con total transparencia, responsabilidad social y legal, proporcionando información clara, pública y verificable sobre:
• El estatus real de las coberturas.
• Los apoyos otorgados y pendientes.
• Las personas, instituciones o terceros que han intervenido en la atención y auxilio de las víctimas.
• Los mecanismos de reparación integral del daño, conforme a la ley.
El colectivo manifestó su solidaridad con las víctimas, personas lesionadas y familias afectadas por el lamentable accidente en la Ruta 611 en el municipio de Apodaca, “un hecho que enluta a la comunidad y que pone en evidencia la urgente necesidad de garantizar un transporte público seguro, digno y con enfoque de derechos humanos”.
“Expresamos nuestra más sincera empatía y acompañamiento moral ante el dolor que hoy enfrentan las víctimas directas e indirectas de este suceso, reiterando que el derecho humano a la movilidad y a un trato justo debe ser respetado y protegido por el Estado en todas sus dimensiones”, agregaron.
Reiteraron que “la movilidad es un derecho humano, no un privilegio, y que la seguridad, dignidad y trato justo de las personas usuarias del transporte público deben ser una prioridad absoluta. Este hecho no puede quedar impune ni sin consecuencias; debe representar un punto de inflexión para fortalecer la supervisión, la prevención, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos en el servicio público de transporte”.
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