La Cámara de Diputados aprobó la reforma energética que convierte en empresas públicas a la Comisión Federal de Eletricidad y Pemex, abandonando su visión de generar ganancias, que les otorgó la reforma del expresidente Enrique Peña Nieto, y se concentrarán en proveer el servicio a la nación.
La CFE podrá generar el 54 % de la energía eléctrica de todo el país, en tanto que las empresas privadas solo podrán alcanzar el 46 %. Puntualiza que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tendrán como objetivos asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado establecida.
La diputada Alma Rosa de la Vega, de Morena, calificó la reforma como “un paso decisivo hacia la recuperación de nuestro patrimonio nacional y el fortalecimiento del bienestar social” que, acusó, se perdió con la reforma energética de 2013.
“Esto no significa que rechacemos la inversión privada, sino regular de tal forma que sirva a los intereses de la ciudadanía y no a los pequeños grupos de los inversionistas”, dijo.
Diputados del PAN y PRI advirtieron que cambiar el papel de empresa productiva del Estado a empresa pública a Pemex y CFE implicará un costo fiscal por asumir la deuda de ambas empresas. Indicaron que tan solo la de Pemex asciende a 101 mil millones de dólares.
El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, explicó que la deuda de la petrolera disminuyó respecto del monto de 131 mil millones de dólares en 2018, y sostuvo que la reforma de 2013 pretendía que los privados extranjeros se llevaran el activo de la empresa, que vale 21 billones de pesos.
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