Maestros demandan el restablecimiento de la jubilación dinámica

Lucilda Pérez Salazar

En medio del fuego cruzado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo por la aprobación del Presupuesto del Estado para 2026, navega nuestra demanda: lograr la integración de una partida presupuestal destinada a resarcir la deuda pensionaria que el Gobierno del Estado ha venido acumulando con los maestros jubilados de la Sección 50, desde el 1 de enero de 2024, y que ya rebasa los mil millones de pesos.

Nada está asegurado. Ni la aprobación del Presupuesto ni su permanencia, pues, si no es del agrado del Gobernador, podría ser impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos encontramos, por tanto, ante un escenario de profunda e inquietante incertidumbre.

La Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado tiene en sus manos la propuesta de los jubilados de la Sección 50, aprobada en la Asamblea celebrada el pasado 11 de febrero.

SOLICITAMOS:

Que la partida presupuestal que se logre integrar al Presupuesto de Egresos del Estado 2026, destinada al pago de jubilados, se canalice directamente a la nómina de pensiones del ISSSTELEON correspondiente al presente año, a fin de que dichas pensiones sean incrementadas con los porcentajes diferenciales que el Instituto dejó de cubrir: 6.43% correspondiente a 2024 y 3.79% correspondiente a 2025.
No estamos solicitando un bono por única vez.
El pago del retroactivo puede negociarse en plazos.

¿QUÉ RECLAMAMOS?

Reclamamos el restablecimiento de la Jubilación Dinámica, vulnerada, mancillada y revocada ilegalmente por el Gobierno del Estado.
Exigimos que se respete la Jubilación Dinámica tal como fue concebida y definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las sentencias judiciales que nos favorecieron; es decir, en los mismos términos en que se incrementaron nuestras pensiones desde que recibimos la primera, hasta el 31 de diciembre de 2023.

A partir del 1 de enero de 2024, la Jubilación Dinámica fue atacada y anulada de manera arbitraria por el Gobierno estatal.

Nuestras pensiones se incrementaban cada año con el porcentaje que resultara mayor entre la inflación y el aumento salarial otorgado a los maestros en activo. Así se ajustaron durante 22 años consecutivos.
⁠Exigimos, por tanto, el restablecimiento del mecanismo institucional de actualización de nuestras pensiones, vigente desde el año 2001, reiterado durante 22 años y suspendido en 2024.
Este incremento pensionario dejó de ser una concesión administrativa y se transformó en un derecho adquirido que no puede suspenderse sin infringir la Constitución.
El Gobierno del Estado mantuvo una conducta institucional reiterada, ininterrumpida y prolongada al otorgar el incremento pensionario en la misma proporción, fecha y forma a todos los jubilados, sin distinguir entre amparados y no amparados.
Este mecanismo se incorporó al patrimonio jurídico de los jubilados como un derecho firme y consolidado.
A este sistema se le denomina Jubilación Dinámica. Se trata de un derecho adquirido que no puede ser suspendido ni suprimido por ninguna autoridad, ni por el Poder Ejecutivo ni por el Poder Legislativo, sin contravenir la Constitución y violar el principio de irretroactividad de la ley.

Nuestro reclamo es legal, legítimo y justo.