Apuntes desde el suelo
Dr. Lenin Torres Antonio
La narrativa oficial dirá que la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, representa un golpe histórico contra el crimen organizado. Los encabezados hablarán de eficacia, inteligencia estratégica y fortalecimiento institucional. Se insistirá en que el Estado ha demostrado su capacidad para ejercer el monopolio legítimo de la fuerza.
Pero la pregunta de fondo no es si un capo cayó. La pregunta es si con su caída también cayó el entramado estructural que lo produjo. Y la respuesta, por dura que parezca, es no.
La muerte de un jefe del narcotráfico no es la victoria del Estado: es el síntoma de una estrategia de seguridad atrapada en su propia lógica fallida.
Se intenta presentar el operativo como un golpe quirúrgico del Ejército mexicano, aunque haya costado la vida de 25 jóvenes militares y aunque la persecución del delito no sea la función constitucional primaria de las fuerzas armadas. Desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando se redefinió el papel del Ejército como policía de uniforme verde, quedó sembrada la semilla de una militarización que no ha resuelto la raíz del problema.
Desde hace décadas se insiste en una estrategia “decapitadora”: capturar o abatir a la cabeza visible del cártel. Se hizo con Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, extraditado a los EE. UU. y condenado a cadena perpetua, y se repite ahora con Oseguera Cervantes.
Sin embargo, estas organizaciones no funcionan como estructuras verticales simples, sino como redes complejas y adaptativas. Cortar la cabeza no destruye al organismo; provoca su mutación. La metáfora correcta no es la de una serpiente, sino la de una medusa: por cada cabeza que cae, emergen otras.
El narcotráfico dejó hace mucho de ser un fenómeno fronterizo. Lo que comenzó como trasiego hacia el mayor mercado consumidor del mundo terminó convirtiéndose en una estructura territorial que permea municipios, estados y regiones completas. En algunos lugares, el poder del crimen organizado resulta más tangible que el de las autoridades electas democráticamente.
El error de escala
El paradigma dominante parte de una premisa clásica: el Estado es el único facultado para ejercer la violencia legítima. Nosotros, mediante el voto, delegamos ese poder para que aplique la ley y castigue la transgresión.
En México, esa concepción se redujo a su dimensión más simple: coerción. Más policías. Más soldados. Más inteligencia. Más fuerza.
La llamada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada durante el sexenio de Felipe Calderón, pretendió resolver el problema mediante el despliegue masivo de fuerzas armadas. El resultado no fue la pacificación, sino la expansión territorial de la violencia. Lo que estaba concentrado en ciertas regiones se multiplicó por el país entero.
Aquí aparece el error de escala: creer que a mayor población o mayor violencia basta con aumentar proporcionalmente los cuerpos de seguridad. Pero el territorio mexicano es vasto, complejo y heterogéneo. Ningún esquema centralista y piramidal puede ser omnipresente. La fuerza del Estado llega de manera intermitente; las estructuras criminales permanecen.
Estamos atrapados entre dos extremos: el romanticismo y el autoritarismo. Un enfoque moral sin rediseño institucional es insuficiente; un esquema de excepción permanente resulta incompatible con una sociedad plural y extensa como la mexicana.
MSCFT y la producción del sujeto pasivo
El problema no es únicamente táctico; es estructural.
El Modelo de Seguridad Ciudadano de Fragmentación Territorial (MSCFT) parte de una premisa distinta: el modelo actual fracasa porque descansa en una antropología política equivocada. El Estado moderno no solo monopoliza la violencia; también produce un tipo específico de sujeto. Produce un ciudadano jurídicamente reconocido pero políticamente neutralizado. Un individuo que delega, que obedece, que espera.
El orden se recibe; no se construye.
La seguridad centralizada necesita ese ciudadano pasivo. Al concentrar la producción del orden en el aparato estatal, la sociedad pierde capacidad organizativa territorial. El Estado se hipertrofia en su dimensión coercitiva mientras la ciudadanía se atrofia en su dimensión estructurante.
El crimen organizado opera exactamente al revés: construye redes territoriales activas, genera regulación cotidiana y produce lealtades. Donde el Estado es intermitente, la organización criminal es permanente.
El error de escala no es solo demográfico; es ontológico. Es una desproporción entre la forma piramidal del Estado y la forma policéntrica del fenómeno criminal.
Hacia un post-constitucionalismo territorial
Si el problema es estructural, la respuesta debe ser conceptual.
El post-constitucionalismo territorial propone superar la idea moderna de soberanía como centro único e indivisible. No significa debilitar al Estado ni abandonar la Constitución, sino redimensionar la producción del orden incorporando variables demográficas y territoriales que el diseño clásico no consideró en su complejidad actual.
La soberanía no desaparece cuando se distribuye; se fortalece cuando se territorializa.
La fragmentación funcional de la seguridad implica reconocer que la producción de orden no puede depender exclusivamente del aparato central. El Estado no desaparece; cambia de función: de productor exclusivo pasa a ser garante y articulador de múltiples nodos territoriales de organización, a los que denomino Células de Seguridad Local, integradas en Unidades Territoriales de Seguridad.
No se trata de descentralización administrativa.
Se trata de redistribución estructural de soberanía operativa.
Invertir la pirámide significa convertir la participación ciudadana en poder vinculante, redistribuir capacidades reales de decisión y concebir la seguridad como coproducción social, no como servicio vertical.
No celebrar el síntoma
No debe celebrarse el síntoma mientras la enfermedad persiste.
La caída de un capo no significa el fin del crimen organizado. Significa que el ciclo se reconfigura. Nuevos liderazgos emergerán, nuevas disputas reorganizarán territorios y el aparato estatal volverá a desplegarse.
Celebrar estos episodios como victorias definitivas es políticamente miope. Más aún cuando existe una dimensión geopolítica ineludible: mientras el mayor mercado de consumo de drogas del mundo permanezca intacto, la ecuación estructural no cambia.
La muerte de un capo no es el triunfo del Estado. Es el recordatorio de que la seguridad necesita ser repensada desde sus fundamentos.
En próximas fechas presentaré, con mayor desarrollo teórico y propuesta institucional concreta, el Modelo de Seguridad Ciudadano de Fragmentación Territorial (MSCFT), donde estas ideas se articulan de manera sistemática como alternativa al paradigma vigente.
El debate que México necesita no es únicamente sobre operativos, cifras o narrativas de éxito. Es un debate sobre la arquitectura misma del poder y sobre la forma en que concebimos la producción del orden en una sociedad compleja.
Ese debate —incómodo, estructural y profundo— ya no puede postergarse.
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