Eleazar Fuentes Gutierrez
Hoy quiero hablarles sobre economía, o más bien, sobre el impacto macroeconómico que podría tener una decisión política del gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha enviado un paquete de reformas fiscales al Congreso, y entre ellas se incluye una propuesta para imponer un impuesto del 5% a todo el dinero enviado desde Estados Unidos hacia México o cualquier otro país.
Esta iniciativa ya fue aprobada en comisión y se someterá a votación en el pleno de la Cámara de Representantes. Todo indica que es altamente probable que las remesas sean gravadas con esta tasa. Pero, ¿qué tanto impacto tendría esto en México?
Leí hace unos días un estudio difundido por el Grupo BBVA sobre este tema. La propuesta de imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas por personas migrantes no documentadas desde Estados Unidos “tendría un impacto menor en la economía mexicana y no comprometería la balanza de pagos del país”. Según la institución financiera, México recibió durante 2024 aproximadamente 62,500 millones de dólares en remesas provenientes de EE. UU. Por lo tanto, la imposición de este impuesto representaría una reducción estimada de 1,563 millones de dólares para 2026.
Una disminución de esta magnitud tendría un efecto marginal en la balanza de pagos de México. Esta reducción incrementaría el déficit de cuenta corriente en apenas un 0.08% del PIB, lo que sugiere que, desde una perspectiva macroeconómica, el impacto sería limitado.
Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), basadas en datos de la Current Population Survey (CPS), en 2024 residían en Estados Unidos aproximadamente 12.7 millones de personas nacidas en México. De ellas, alrededor de 4.5 millones habían adquirido la ciudadanía estadounidense, aproximadamente 3.7 millones contaban con residencia permanente u otro estatus migratorio regular, y cerca de 4.5 millones vivían sin documentación legal.
Estas cifras no solo representan estadísticas; detrás de cada número hay historias de esfuerzo, sacrificio y esperanza. Muchos de estos migrantes han dejado atrás a sus familias y comunidades en busca de mejores oportunidades, y sus contribuciones, tanto económicas como culturales, son fundamentales para ambos países. Entre los 12.7 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos, aproximadamente 400 mil son beneficiarios del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), lo que les permite trabajar legalmente y los protege de la deportación.
Según estimaciones de BBVA, alrededor de 4.1 millones de migrantes mexicanos podrían verse directamente afectados por la propuesta de imponer un impuesto a las remesas, mientras que los 8.6 millones restantes, que también envían dinero a sus familias, no estarían sujetos a este gravamen.
Este impuesto incrementaría significativamente el costo de enviar remesas: de un promedio actual de 6 dólares por cada 350 dólares enviados, se elevaría a 23.50 dólares, según estimaciones de la Profeco.
Ante esta situación, es probable que muchos migrantes indocumentados recurran al apoyo de familiares o amigos con ciudadanía o residencia legal en EE. UU. para enviar dinero en su nombre. Además, algunos podrían optar por bancarizarse, utilizando transferencias interbancarias que no estarían sujetas al impuesto.
Sin embargo, estas medidas podrían generar distorsiones en el mercado y llevar a los migrantes a buscar métodos alternativos, y posiblemente menos seguros, para enviar dinero a sus países de origen, con el fin de evitar el pago del impuesto.
Es importante recordar que aproximadamente 10 millones de hogares en México, de los 38 millones censados, dependen de las remesas enviadas desde Estados Unidos para cubrir sus necesidades básicas.
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