Con las aprobación de 26 Congresos estatales, las cámaras de Diputados y Senadores declararon la constitucionalidad de las reformas a la Guardia Nacional y sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos.
Las dos reformas constitucionales se turnaron al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y posterior entrada en vigor.
Los votos aprobatorios corresponden a los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México
El decreto de reforma de la Guardia Nacional faculta al Congreso de la Unión a expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.
Además, establece que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, incluida la Guardia Nacional, deben coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, precisa que la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, será designada por la persona titular de la Presidencia de la República a propuesta de la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Mientras tanto, el proyecto sobre los pueblos indígenas y afromexicanos busca garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada en cualquier decisión que pueda afectar sus territorios y recursos.
La propuesta también reconoce y respeta sus sistemas normativos y un conjunto de derechos colectivos fundamentales para su autodeterminación, así como la protección a su patrimonio cultural, material e intelectual como una forma de preservar su identidad y tradición.
