La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide una nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, que prometen garantizar el agua como un derecho humano, eliminar la posibilidad de que el recurso sea mercantilizado y sancionar hasta con ocho años de prisión los delitos contra las aguas nacionales.
La reforma también plantea la creación del Registro Nacional del Agua, que sustituirá al Registro Público de Derechos del Agua, que estará a cargo de la Conagua, con el objetivo de dar mayor control y transparencia al régimen de concesiones y asignaciones.
Otro punto relevante es la obligación de que los sistemas de captación pluvial permitan la recolección, filtración, tratamiento y almacenamiento del agua de lluvia para su uso doméstico o en edificaciones.
“La reforma cierra la puerta a la corrupción, los abusos y al mercado negro que lucró con el agua durante décadas”, afirmó la presidenta de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, la morenista Elizabeth Cervantes de la Cruz.
Destacó que el nuevo marco normativo otorga certeza jurídica mediante un sistema de concesiones más ordenado y transparente, que busca frenar el acaparamiento y la sobreexplotación.
En cuestiones agrícolas, se da prioridad a la soberanía alimentaria y se prohíbe la especulación en el uso del agua. En las concesiones agropecuarias no podrán separarse de la tierra, y se podrá hacer lo siguiente:
- Transmitirse
- Heredarse
- Hasta venderse, cuando se utilicen para los mismos fines.
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla la participación ciudadana en la planeación, toma de decisiones, evaluación y vigilancia de la política nacional hídrica.
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