En apoyo de los derechos laborales del magisterio estatal jubilado, los senadores Waldo Fernández González y Judith Díaz presentaron un Punto de Acuerdo en el Senado de la República para exhortar a las autoridades de Nuevo León a garantizar ajustes salariales justos para los pensionados inscritos al ISSSTELEÓN bajo el régimen previo a 1993.
Ambos legisladores señalaron que desde su creación, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEÓN) contempla el principio de “jubilación dinámica”, que garantiza a los jubilados pensiones equivalentes al 100% del salario base de los trabajadores activos, así como los aumentos salariales correspondientes.
“Sin embargo, en 1993 se reformó la ley, eliminando este esquema y reemplazándolo por uno que sólo ajusta las pensiones conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reiterado el derecho de los jubilados a que sus pensiones se actualicen en proporción a los incrementos otorgados a los trabajadores en activo”, explicó Judith Díaz.
Por su parte, Waldo Fernández denunció que, pese a una resolución favorable de la SCJN, el Gobierno de Nuevo León ha incumplido desde 2024 con el ajuste completo de las pensiones. Detalló que se ha aplicado un aumento del 4.66% a los jubilados, cuando a los trabajadores activos se les otorgó un 11.09%, generando una diferencia del 6.43% y una deuda acumulada de aproximadamente 425 millones de pesos.
Ante este escenario, el Punto de Acuerdo presentado incluye siete exhortos clave dirigidos al Poder Ejecutivo estatal, al director general y al Consejo Directivo del ISSSTELEÓN, entre los que destacan:
- Reconocer y garantizar los derechos de los jubilados a ajustes salariales proporcionales, conforme al principio de jubilación dinámica y la jurisprudencia de la SCJN.
- Pagar de inmediato el ajuste del 6.43% con efectos retroactivos al 1 de enero de 2024, tal como fue aprobado por el Consejo Directivo el 27 de marzo de 2025.
- Establecer mecanismos legales y transparentes para la actualización periódica de pensiones.
- Remitir al Congreso copias certificadas de todas las actas, acuerdos y resoluciones vinculadas a pensiones, desde 2001 hasta la fecha.
Además, se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y su contraparte estatal para investigar posibles violaciones a los derechos de los jubilados, así como la realización de auditorías independientes sobre el manejo de los fondos de pensiones y salud.
“Es momento de hacer justicia a quienes dedicaron su vida al servicio público. No se puede permitir la discriminación ni el incumplimiento de derechos adquiridos”, enfatizó Fernández González.
La iniciativa busca sentar un precedente de respeto, legalidad y dignidad para los más de 20 mil jubilados del magisterio estatal que hoy enfrentan incertidumbre económica ante un sistema que, acusan, ha dejado de protegerlos.
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