¡Es hora de pagar la deuda!

Por: Lupita Rodríguez Martínez

Acusamos de recibido atento oficio de la Comisión Representativa de Maestras y Maestros Jubilados de la Sección 50 del SNTE, dirigido a diputadas y diputados de la LXXVII Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León y debido al interés público para nuestra comunidad me permito compartir de manera íntegra:

“Con motivo de que se volverá a discutir el presupuesto contemplado en la Ley de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026 y se realizarán ajustes para aprobarlo, al menos por la mayoría calificada (28 votos) de las y los legisladores integrantes del Congreso del Estado, las y los jubilados respetuosamente reiteramos nuestra petición para que se garantice una partida específica destinada a cubrir el adeudo de un diferencial de incrementos a nuestras pensiones, generado durante 2024 y 2025 y que el Ejecutivo del Estado y el ISSSTELEÓN han omitido pagar.

El derecho a estos incrementos surge de resoluciones firmes y vigentes emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de acuerdos firmes y vigentes del Gobierno del Estado con la Directiva del SNTE:

Amparo 1382/94, resuelto por unanimidad de votos en la SCJN.
Jurisprudencia: Tesis P./J. 63/69 emitida por unanimidad por la SCJN.
Resolutivo del Consejo Directivo del ISSSTELEÓN, mediante el cual acordó extender el beneficio a los amparos a todos los jubilados y pensionados (Acta XXXV del 29 de agosto de 2002).}
Acuerdo del Gobierno del Estado con la Directiva de la Sección 50 del SNTE, por medio del cual el Ejecutivo se comprometió a pagar los incrementos a todos los jubilados y pensionados conforme el criterio definido por la SCJN de fecha 11 de octubre del 2002.
El ejercicio puntual de pagos consecutivos a partir del año 2002 al año 2023, el cual fue interrumpido a partir del 1 de enero del 2024 y hasta la fecha.

La SCJN declaró inconstitucional el Transitorio Tercero de la Ley del ISSSTELEÓN de 1993, por violar el principio de irretroactividad y desconocer los derechos adquiridos por los jubilados y activos adscritos a la Ley abrogada.

Al resolver los juicios de amparo y dictar jurisprudencia, la SCJN reestableció la Jubilación Dinámica y determinó que los incrementos anuales a jubilados fueran los que más los beneficiaran por el ajuste de acuerdo con la inflación o por el porcentaje de incremento otorgado a trabajadores en activo.

Los pagos de las pensiones así se estuvieron realizando durante 22 años consecutivos y es hasta enero del año 2024 que el Gobierno del Estado se ha negado a pagar el diferencial correspondiente.

A la fecha, el monto de ese diferencial acumulado es por un total de 829 millones 908 mil pesos, calculado por el Consejo Directivo del ISSSTELEÓN con base en el incremento del 6.43 por ciento a la pensión más la inflación en los años del 2024 y 2025.

Estos montos representan la pérdida de poder adquisitivo sufrido por más de 15 mil docentes jubilados en sus pensiones de los últimos dos años:

Diputadas y diputados de la LXXVII Legislatura tenemos conocimiento que, en diciembre del año pasado, la Cámara de Diputados presupuestó para Nuevo León 76 mil 529 millones 603 mil 335 pesos de participaciones federales de libre disposición para el año 2026, con el aval de la Secretaría de Hacienda. Esta cifra supera en siete mil 502 millones de pesos lo presupuestado por el Gobierno del Estado para el presente ejercicio fiscal ($69,027,603,335.00).

Por ello, maestras y maestros jubilados solicitamos que la distribución de estos recursos adicionales -los cuales no fueron incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado-, se haga de manera justa, equitativa e incluya una partida específica destinada al pago del adeudo que se tiene”.

Las y los jubilados cuentan con un derecho constitucionalmente ganado y los fondos para el pago de su adeudo están en buen cauce. Por tales razones, dentro del análisis y discusión al veto del Gobernador a la Ley de Egresos aprobada por el Congreso del Estado, propusimos a la Comisión de Presupuesto incorporar de manera prioritaria la atención a su demanda como una medida de justicia social y reconocimiento a sus derechos laborales adquiridos, propuesta que se aprobó por mayoría de votos de las y los integrantes de la Comisión.

¡Es hora de pagar la deuda sin merma alguna al presupuesto!