Respecto a sus declaraciones sobre la grave crisis institucional de corrupción de la UPAV
Como ciudadanos, tenemos el derecho de réplica sobre cualquier afirmación, declaración o información que hagan pública los gobernantes en los medios de comunicación, dado que representan instituciones públicas de las cuales dependemos. Por ello, pido a los medios de comunicación que han divulgado dichas declaraciones, afirmaciones e informaciones de la gobernadora de Veracruz y presidenta de la máxima instancia de autoridad de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que es la Junta de Gobierno, respecto a la grave crisis institucional de corrupción que vive la UPAV, que incluye no tan sólo corrupción, sino también desatención de sus funciones sustanciales, incumplimiento de derechos laborales de sus docentes, que implica sus pagos en tiempo y forma, además de la necesidad de remuneraciones cuando menos conforme al salario mínimo, y que su estatus de profesores forme parte del sistema estatal docente; así como de la imposición e improvisación de rectores o rectoras sin suficiente formación académica, producción científica o arraigo dentro de la comunidad upavista, me permitan ejercer mi derecho de réplica.
Solicito ejercer este derecho no sólo como veracruzano, sino también como fundador de la UPAV. En su momento, construí la Licenciatura en Ciencias Políticas de la UPAV y durante muchos años ejercí como su director, hasta que mis denuncias llevaron al cierre de dicha oferta educativa. Con base en mi conocimiento histórico de la institución y en base a la lucha que libramos durante muchos años, docentes, alumnos y directores, contra el sistema priista, panista y morenista para intentar ¡salvar la UPAV de la política y la corrupción!, me permito realizar las siguientes precisiones respecto a las declaraciones hechas por la Ing. Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz y presidenta de la Junta de Gobierno de la UPAV.
Primero
El incumplimiento en el pago a los docentes de la UPAV fue la punta del iceberg que reveló una cloaca sobradamente conocida. Ante esta situación, los directores y docentes protestaron y exigieron el pago correspondiente. La gobernadora declaró que, para solucionar los problemas de la UPAV, iba a “hacerla estatal” y que sus docentes serían “contratados por horas, pero sin pertenecer al sistema estatal magisterial”.
Es importante señalar que la propia Ley 276 establece, en su artículo 1: “Se crea la Universidad Popular Autónoma de Veracruz como un organismo descentralizado de la administración pública del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave…”. Es decir, el gobierno del estado ya tiene el control de la UPAV: designa a su rector o rectora, y la Junta de Gobierno, máxima autoridad de la institución, está integrada en un 90 % por funcionarios del Gobierno de Veracruz, contando únicamente con dos docentes, que además son nombrados por la rectoría. Esta Junta ha permitido que se mantenga el nocivo status quo de la UPAV.
Debe señalarse también que el Estado tan sólo pretende atraer la administración financiera de los recursos propios provenientes de las cuotas de recuperación, el presupuesto estatal y los ingresos por certificación de más de 90 escuelas particulares, incluidas algunas en varios estados de México y Estados Unidos, que generan importantes cantidades de dinero.
Además es pertinente señalar que el susodicho decreto para “convertir a la UPAV en estatal” es un pleonasmo, como se ha señalado más arriba, puesto que lo que realmente se hará es que la Secretaría de Administración y Finanzas tome el control financiero de la UPAV y el gobierno asuma el control de la plantilla docente de todas sus sedes. Esto sin garantizar que lo recaudado se destine a subsanar los rezagos de la institución desde hace más de 14 años: estudiantes sin bibliotecas virtuales ni apoyo a la titulación; docentes sin prestaciones, vacaciones ni capacitación; sedes sin aulas ni apoyo para difusión; directores vulnerables al capricho de la administración en turno; e incluso el riesgo de desaparición o compactación de sedes en detrimento del modelo social vasconcelista de llevar la educación directamente al pueblo.
Segundo
Ante la evidente corrupción, saqueo y robo cometidos por funcionarios de la UPAV del actual gobierno de Veracruz en contra de la UPAV, la gobernadora informó “que ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el presunto vaciamiento de cuentas de la UPAV y la eliminación de información almacenada en los servidores de la institución, material que incluía pago de alumnos, matrículas, calificaciones y datos de nómina de maestros solidarios”.
Es importante que la sociedad veracruzana sepa que este saqueo data de largo tiempo. Pues además del robo vulgar cometido por los funcionarios de la administración actual, la Ley 276 contempló un esquema que convirtió a la UPAV en una caja chica del gobierno del estado. La ley no contempló la creación de una Secretaría de Administración y Finanzas; en su lugar, dispuso que los recursos fueran administrados por una fundación bajo un esquema semejante a una outsourcing.
Esta fundación cambió de nombre en distintas administraciones, según la presión que ejercimos desde la Asociación de Académicos y Docentes de la UPAV (AADUPAV). Bajo este esquema ilegal y opaco, los gobiernos priistas, panistas y morenistas hicieron uso discrecional de los recursos: enriquecimiento de rectores, incorporación de familiares y amigos a la nómina y financiamiento ilegal de campañas partidistas.
Por ello, sería éticamente correcto que la auditoría a la UPAV que ha señalado la gobernadora Nahle no se limitara al periodo actual. Debería abarcar todas las rectorías de la UPAV; seguramente revelaría enriquecimientos inexplicables, incluidos los del gobierno de Cuitláhuac García, y permitiría castigar a los responsables del saqueo de las arcas públicas de la UPAV.
Tercero
Respecto a la afirmación de que en el decreto “los maestros serán contratados por horas (…) y no entran al sistema de maestros estatales ni federales”, esta declaración mantiene y profundiza la violación a los derechos laborales de los docentes, quienes durante más de 14 años han trabajado en la ilegalidad debido a que la propia Ley 276 fue diseñada para evadir dichos derechos. En el artículo 4 se señala que las modalidades educativas podrán realizarse mediante convenios con personal docente de carácter solidario u honorífico.
Esto significa que la ley reconoce a docentes sin relación laboral formal, bajo esquemas de servicio social o apoyo comunitario. La precarización laboral estaba institucionalizada desde el origen. Mantener a los docentes fuera del sistema estatal implica continuar con la injusticia laboral.
Es importante que la sociedad sepa que los docentes de la UPAV, por más de catorce años, han recibido 1,986 pesos por materia, sin prestaciones ni seguridad social, sin vacaciones ni aguinaldo, y que además han sido víctimas del desvío de las cuotas de recuperación destinadas a sus pagos. Muchos continúan sin recibir los adeudos pendientes de sus trabajos concluidos.
El mensaje de que “no entran al sistema estatal ni federal” perpetúa un trato clasista: docentes de segunda categoría sin reconocimiento pleno.
Cuarto
La gobernadora afirma que el decreto para trasladar la administración de la institución al control estatal eliminará “la laguna legal y administrativa en la que operan las fundaciones”. Sin embargo, no existe tal laguna legal. El saqueo de la UPAV fue institucionalizado desde la creación de la Ley 276, y el gobierno en turno siempre ha controlado la fundación administradora de los recursos. Si permitió que operara así, fue precisamente porque le era conveniente para la malversación.
El problema de la UPAV no se reduce al impago docente ni al manejo de una fundación. El problema es estructural: la gobernadora, en su calidad de presidenta de la Junta de Gobierno, no ha comprendido el modelo educativo social de la UPAV. Confunde los síntomas con las causas y no advierte que la corrupción, la opacidad, el deterioro educativo y la falta de derechos laborales tienen un origen estructural.
Autonomía, no estatización
Para que la UPAV cumpla estándares nacionales e internacionales de calidad, es indispensable una reforma integral de la Ley 276 que garantice su autonomía académica y financiera. Mientras siga siendo un órgano desconcentrado y, ahora, una universidad controlada completamente por el Estado, permanecerá expuesta a intereses externos, corrupción y uso partidista, como ha ocurrido en los gobiernos priistas, panistas y morenistas.
Por ello, la solución no es la estatización, sino la autonomía, que no es un privilegio, sino una obligación. El Artículo 3º constitucional reconoce la función social de la educación superior y la autonomía universitaria como condiciones para la libertad académica, el autogobierno y la responsabilidad social.
ATENTAMENTE
Dr. Lenin Torres Antonio
Fundador de la Licenciatura en Ciencias Políticas de la UPAV
Presidente del Consejo Consultivo de la AADUPAV
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