Apuntes desde el suelo
Dr. Lenin Torres Antonio
La historia de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz no es confusa ni caótica. Es perfectamente reconstruible. Cada etapa tiene decisiones concretas, responsables políticos identificables y consecuencias acumuladas. Lo que ocurrió no fue un error: fue un proceso.
El inicio del saqueo y el control político (2010–2011)
La decisión original: crear una universidad sin defensa
La decisión clave fue la promulgación de la Ley 276. Con ella, la UPAV nació como un organismo desconcentrado del Ejecutivo estatal. Desde su origen, se renunció deliberadamente a otorgarle autonomía universitaria. El rector quedó sujeto a designación política, la Junta de Gobierno bajo control del Ejecutivo y se omitió la creación de órganos colegiados electos por la comunidad universitaria.
Las consecuencias estructurales fueron inmediatas. Pese a su éxito inicial, la UPAV nació capturable. No podía autogobernarse ni auditarse desde dentro. Ahí se sembró el pecado original.
La omisión deliberada tras la muerte del fundador (2012–2016)
Tras la muerte de su fundador, se evitó democratizar la UPAV y se improvisó una rectoría a modo para continuar el atraco. No hubo reforma a la Ley 276, pese a las primeras alertas internas.
Los hechos son documentables: crecimiento acelerado de la matrícula sin infraestructura suficiente, precarización del personal académico, mal llamados “asesores solidarios”, ausencia total de investigación y extensión universitaria. En paralelo, la universidad comenzó a operar como red territorial, espacio de colocación política y estructura paralela sin vigilancia.
La omisión se convirtió en política pública, porque no corregir resultaba útil.
La transición azul que no cambió nada (2016–2018)
La llegada del gobierno panista no significó una ruptura. Se mantuvo intacta la estructura heredada. No hubo reforma a la Ley 276, ni auditoría integral pública, ni procesos de democratización universitaria.
Así se legitimó la captura: si el nuevo gobierno no corrige, el modelo se normaliza. La UPAV quedó oficialmente fuera de la agenda educativa real.
La gran traición: el control perfeccionado (2018–2024)
Durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, lejos de rescatar a la UPAV de la política, el control se volvió más descarado. Actuaron peor que sus antecesores: prefirieron no tocar la estructura legal, pero usar intensivamente la UPAV como base clientelar de MORENA.
La universidad fue utilizada para llenar actos partidistas, se mantuvo el manejo opaco de los recursos propios y se usó la precariedad laboral como mecanismo de control. Desde la SEV, bajo la conducción de Zenyazen Escobar García, se reprodujo el patrón. Su operador, el subsecretario Uscanga, junto con una red de funcionarios y operadores políticos, hicieron y deshicieron con la UPAV.
Se designó un rector a modo: Ome, quien pasó de ser un director menor, dedicado a trámites administrativos en control escolar, a rector de la universidad. Sin personalidad, sin perfil académico y sin un plan de desarrollo institucional, obedeció dócilmente las instrucciones superiores para continuar el saqueo y el control político.
Hoy afirma que “no tiene nada que ver con el dinero robado a la UPAV”. La educación, bajo Zenyazen, sirvió como trampolín político. Por eso hoy ocupa una diputación federal, aunque su paso por el Congreso transcurre sin pena ni gloria.
Ese periodo rectoral volvió a la UPAV plenamente funcional al partido en el poder. No se reformó porque servía así. El discurso de la Cuarta Transformación nunca entró a la universidad: se quedó en la propaganda.
El periodo del descaro y el colapso visible (2024–2025)
Este periodo puede llamarse sin exagerar el de la cloaca abierta. El saqueo vil y descarado se volvió inocultable: adeudos sistemáticos a docentes, conflictos laborales abiertos, caída de matrícula y protestas públicas.
La respuesta del gobierno estatal fue timorata. No se asumieron responsabilidades históricas. Se entregaron algunos chivos expiatorios, ladrones, sí, pero no los peces gordos, mientras se evitaba hablar del saqueo estructural.
Para evadir responsabilidades, se habló de “una laguna en la Ley 276”. Se culpó a la asociación civil que manejaba las finanzas de la UPAV, cuando sus directivos eran nombrados por el propio gobierno a través de la Junta de Gobierno.
Más grave aún fue que la secretaria de Educación, Claudia Tello Espinosa, intentara acusar de corrupción a directores académicos para defender a quienes ella misma nombró al frente de la universidad: el rector y su camarilla, hoy detenidos por robo y abuso de autoridad.
Por este motivo, dicha secretaria debería renunciar o ser investigada, pues forma parte del entramado de complicidades que permitió el saqueo de la UPAV.
La simulación del rescate (2025–2026)
En el inicio del gobierno de Rocío Nahle García, se habla de “rescate”, pero sin reformar la Ley 276 ni otorgar autonomía académica y financiera a la UPAV. Se entregan peces pequeños, mientras los grandes responsables siguen intactos.
Se pretende resolver por decreto lo que es estructural. No sabemos si por desconocimiento o por instrucciones superiores para no avivar un problema mayor.
El patrón es claro
Todos los gobiernos se beneficiaron del mismo esquema: PRI, PAN y MORENA. Cambiaron los discursos, no el método. Mantuvieron el statu quo hasta que el “robo perfecto” se salió de control bajo la gestión morenista encabezada por Claudia Tello.
Los operadores de poca monta que ella designó no resistieron la tentación de los millones no fiscalizados de la UPAV. Metieron mano descaradamente, provocaron el impago a docentes y destaparon una cloaca cuyo hedor llevaba años anunciándose.
La UPAV no fue saqueada de golpe: fue drenada por etapas. Cada decisión fue racional desde el punto de vista del poder, aunque devastadora para la educación pública.
Mientras no se reconozca esta línea de tiempo del daño, cualquier “rescate” será solo otra página en la misma historia de simulación.
La UPAV no fue simplemente mal administrada. Fue protegida deliberadamente de una auditoría real, porque una auditoría integral exhibiría no solo la punta del iceberg, sino la red completa de beneficiarios, operadores y encubridores que corrompieron un proyecto educativo nacido para el pueblo.
En Veracruz, la clase política ha perfeccionado una técnica: simular control para evitar responsabilidad. Se anuncian revisiones administrativas, cambios de autoridades y regularizaciones parciales, pero nunca auditorías forenses integrales, reconstrucción del flujo completo del dinero ni deslinde de responsabilidades políticas.
Ir al fondo implicaría procesar a actores con poder, no solo chivos expiatorios. La UPAV es el ejemplo más claro de esta patología del poder.
El proyecto educativo, inspirado en un ideal vasconcelista, llevar la educación directamente al pueblo, funcionó a pesar del Estado, no gracias a él. Fue traicionado cuando la política partidista vio en la universidad ingresos propios, cuotas dispersas, miles de estudiantes sin representación y docentes sin derechos laborales.
El mecanismo central del saqueo fue el outsourcing y la opacidad. Durante años, la UPAV operó mediante asociaciones civiles que administraban recursos, contrataban personal, manejaban pagos y colocaban allegados. No fue una solución administrativa: fue una ingeniería deliberada para saquear sin dejar huella.
Hoy, bajo el gobierno de Rocío Nahle, con su decreto estatizador del dinero, la educación sigue en manos políticas, no académicas. Claudia Tello no puede alegar desconocimiento.
Una auditoría real implicaría seguir el dinero durante más de una década, identificar redes políticas transexenales y exhibir cómo se financió política partidista, particularmente durante el periodo de Cuitláhuac García.
La clase política prefiere la verdad a medias porque la verdad completa rompe pactos, carreras y estructuras. Si el discurso oficial habla de rescate, debe asumir lo que ello implica: auditoría forense integral, procesamiento administrativo y penal de todos los involucrados, desmantelamiento del outsourcing y una reforma estructural que garantice autonomía real. Todo lo demás es simulación.
El caso de la UPAV no es aislado: es un caso testigo nacional. Representa una patología del poder que atraviesa a la clase política mexicana.
Los veracruzanos estamos entre la espada y la pared. La salida no está en el regreso de los Alito, los Yunes o los Fidel, pero tampoco en los Cuitláhuac ni en los Nahle.
Hace falta una tercera vía fundacional, nacida del pueblo, guiada por la razón, sostenida por la ética y la salud mental.
Salvar a la UPAV de la política implica reformar la Ley 276 para dotarla de autonomía académica y financiera, no estatizarla aún más. Es una burla llamar “autónoma” a una universidad que no lo es.
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