¡LA UPAV: MÁS ESTADO, MENOS AUTONOMÍA!

Un decreto a la medida de la corrupción

Apuntes desde el suelo

Dr. Lenin Torres Antonio

Hoy advertí, una vez más, que Veracruz está legislado y gobernado por ignorantes, a quienes lo único que les importa es el control político, el dinero y el poder.

En el Congreso de los Diputados se comprobó nuevamente que, más que ser un espacio de “debate racional”, es un ámbito de vulgar “disciplina partidista” de la cargada de las mayorías, que hace que antes del debate el resultado esté determinado por el tlatoani en turno -gobernadora o gobernador-, práctica que creímos cosa del pasado, de los prianistas. Estos últimos tampoco han cambiado; verbigracia, la línea desde el altiplano que determinó que el “Alito veracruzano” se reeligiera, desaprovechando el PRI la gran oportunidad de renovarse democráticamente.

Pero los peores fueron aquellos que creímos emisarios de un nuevo tiempo democrático y ejemplo de coherencia partidista y voto razonado, y que resultaron ser iguales y quizá peores que quienes gobernaron Veracruz con anterioridad.

El tema en debate fue el Decreto Nahle, que reforma la Ley 276 que crea la UPAV para estatizarla aún más. No se trataba de un trámite ni de un asunto menor, pues, dado el grave deterioro de la educación en Veracruz -en particular el rezago en educación media superior (bachillerato) y superior (universidades, tecnológicos, etc.)-, que coloca al estado en los últimos lugares a nivel nacional, quinto lugar para ser más preciso, era fundamental que las y los diputados ejercieran plenamente sus facultades racionales y cognitivas y, en uso de su libertad, votaran lo más aconsejable para el bien de la UPAV.

Pero no fue así. Los dos bandos enfrentados, legisladores de MORENA, del VERDE y del PT, decidieron su voto a priori, con base en lo acordado tras bambalinas, por lo que su defensa timorata, más que racional, apeló a generalidades sobre un supuesto interés por la educación en Veracruz. De haber sido así, se habrían dado cuenta de que el Decreto Nahle no toca los graves problemas que enfrenta la UPAV desde hace más de catorce años:

Autonomía limitada: la actual Junta de Gobierno está integrada por funcionarios del Ejecutivo estatal, lo que condiciona las decisiones académicas a intereses políticos.

Rezago académico: ausencia de certificaciones de calidad (ANUIES, SEP, CONAHCYT -antes CONACYT-), inexistencia de un Plan de Desarrollo Académico (PLADEA), baja eficiencia terminal y elevada deserción.

Precariedad laboral: docentes sin reconocimiento formal, pagos irregulares y ausencia de incentivos y profesionalización.

Modelo educativo desaprovechado: el esquema vasconcelista, flexible y solidario, no ha sido potenciado para masificar la educación con calidad.
Desatención estudiantil: ausencia de bibliotecas durante más de catorce años, inexistencia de un Departamento de Apoyo a la Titulación y falta de una política de sostenibilidad centrada en la sede de la oferta educativa, y no en los grupos, para evitar el rezago estudiantil.

Así vimos a los llamados “progresistas y humanistas”, “agarraditos de las manos”, votar a favor del inútil y contradictorio Decreto Nahle, que estatiza y centraliza únicamente los ingresos por cuotas de recuperación de los estudiantes, así como los ingresos estatales y los provenientes de la certificación de más de ochenta escuelas privadas de la UPAV. En tiempos de escasez financiera del estado, por tanto ponerse al corriente con sus deudas, que por cierto, de las que se ufana, esta medida dejó a la educación veracruzana sin recursos suficientes. Así que a buscar a donde meter mano.

La oposición legislativa tampoco “cantó mal las rancheras”: con todo el odio acumulado por haber perdido el poder y el money desde hace tiempo en Veracruz, se limitó a hacer puntualizaciones evidentes y preguntas obvias, demostrando lo más grave: no cuenta con un proyecto alternativo de país ni de estado que se traduzca en una propuesta distinta al fatal Decreto Nahle, como lo sería, por ejemplo, una reforma a la Ley 276 que dotara a la UPAV de autonomía plena, calidad académica y justicia laboral.

Por un lado, los del power, interesadísimos en que los particulares no “se roben” el dinero de la UPAV, sostienen el pseudoargumento de que trasladar la administración al control estatal eliminará “la laguna legal y administrativa en la que operan las fundaciones”. Esto es falso, pues el saqueo de la UPAV fue institucionalizado desde la creación de la Ley 276, y el gobierno siempre ha controlado la fundación civil administradora de los recursos. Si permitió que operara así fue porque le convenía para la malversación. Algo ocurrió en las luchas internas por el poder: alguien se “salió del huacal”, alguna rijosa cuyo puesto viene desde el altiplano, propiciando el reciente robo descarado de los recursos de la UPAV que provocó que hasta hoy no se haya pagado a los maestros.

Por otro lado, quienes no saben qué hacer, debido a su miopía crónica para recuperar el “pinche poder”, siguen balbuceando sin rumbo ante el amplio espectro de rezagos no sólo en educación, sino también en el campo, el empleo y el crecimiento económico, etcétera.

En suma, el pueblo queda “entre la espada y la pared” y la UPAV, en lugar de avanzar hacia la autonomía como cualquier universidad pública, se estatiza aún más. Tan sólo se traslada el manejo del personal docente y administrativo, su contratación, con la advertencia de que los maestros no pertenecerán al sistema estatal docente, contraviniendo el artículo 3.º, fracción IV y VII, que a la letra dice:

“Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social…”.

Y también:

“Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; […] determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales […] se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución…”.

Además, el decadente Decreto Nahle incumple flagrantemente la promesa de que “la educación de la UPAV sería gratuita”, contraviniendo la fracción IV: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. Al estatizar la UPAV, el estado de Veracruz queda obligado a cumplir este precepto constitucional, pues ninguna ley puede estar por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por último, la oposición y la ciudadanía pueden iniciar la lucha por la inconstitucionalidad del Decreto Nahle. Esto va también para el temeroso “Movimiento UPAV”, que sólo obtuvo promesas de pago. Es momento de rectificar el rumbo y luchar por la PLENA AUTONOMÍA DE LA UPAV.

Descanse en paz nuestra UPAV.