Apuntes desde el suelo
Dr. Lenin Torres Antonio
Huelga decir que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) es una institución necesaria para el estado, especialmente ante el grave problema de rezago, cobertura y acceso que caracteriza a la educación media superior y superior en Veracruz. La cobertura en educación superior es apenas del 39.4%, muy por debajo del promedio nacional, lo que coloca a la entidad entre los estados con menor acceso a este nivel educativo. Asimismo, el 36.2% de la población veracruzana de 22 años o más, nacida después de 1998, no ha concluido la educación media superior. A escala nacional, esta situación ubica a Veracruz entre las entidades con mayor rezago educativo, ocupando el quinto lugar general, con el nivel medio superior como uno de los rubros más críticos. Todo ello evidencia un panorama educativo en crisis.
Partiendo de este escenario, resulta inconcebible que no se haya implementado un agresivo Plan de Desarrollo Educativo que atienda a profundidad esta problemática, y más alarmante aún es constatar que los gobiernos en turno continúan simulando atenderla, sin ofrecer resultados alentadores.
El problema educativo en Veracruz es de larga data. A lo largo de los años hemos visto desfilar a gobernantes de todos los colores partidistas mientras el estado permanece en los últimos lugares de los indicadores nacionales de educación.
Durante mucho tiempo observamos a los “rojos” (priistas) convertir la Secretaría de Educación de Veracruz en la “caja chica” del gobierno estatal. Después llegaron los “azules” (panistas) e hicieron lo mismo. Y más recientemente, los “morenistas” han replicado estas prácticas, agregando además criterios partidistas en la designación de funcionarios responsables de conducir la política educativa en Veracruz.
En algún momento pensamos que el origen del problema residía en la mentalidad corrupta y maliciosa de los gobiernos priistas. Sin embargo, la llamada “transición democrática” mostró que la llegada de los panistas significó más de lo mismo. Luego arribó el obradorismo generando esperanza en la ciudadanía, pero tampoco ahí se encontró la excepción. Todos han enfrentado el grave problema educativo con la misma lógica: colocar en los principales puestos a personas elegidas por criterios políticos y partidistas, dejando como letra muerta el principio elemental de que quien dirige la educación debe poseer sólida formación académica, producción científica y amplia experiencia en el sector.
Lo vimos claramente en los tiempos de la “plenitud del pinche poder” priista. Después con los panistas, quienes nombraron a Enrique Pérez, cuya principal virtud era ser operador político de Miguel Ángel Yunes Linares. Y el deterioro se profundizó con la llegada de Cuitláhuac García a la gubernatura: puso al frente de la Secretaría de Educación a un personaje ajeno al ámbito educativo, Zenyazen Escobar, hoy diputado federal de Morena, cuya única cualidad era su cercanía política con el gobernador. El escenario empeoró posteriormente con la llegada de Rocío Nahle, quien, sin conocimiento profundo del sector educativo, nombró como titular de la SEV a Claudia Tello, una persona sin preparación, sin experiencia y sin sensibilidad, que de inmediato colocó a sus “cuates” de campaña en los puestos clave, quienes a su vez incorporaron a amigos, parientes y recomendados.
La triste historia del maltrato a la educación en Veracruz se repite una y otra vez. Nadie levanta la voz; la oposición permanece indolente, “chiflando en la loma”; y la necesaria autocrítica al interior del obradorismo está totalmente ausente, cuando no abiertamente castigada. Así, los nuevos inquilinos del Palacio de Gobierno reproducen la “disciplina partidista” de la vieja escuela prianista. En este contexto, los directores, rectores, funcionarios y asesores del sector educativo actúan como si nada ocurriera, pese a su insolvencia académica, profesional y moral. La importancia de la educación para el desarrollo social se diluye como el eco de una canción distante, ahogada por el estruendo de la lucha política entre los distintos clanes del poder.
AMLO propuso como principios rectores para evitar la desviación histórica de la Cuarta Transformación la triada: “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”. En Veracruz, lamentablemente, ocurre justo lo contrario.
La UPAV, como he señalado, es un “milagro incomprendido”. Con menos del 0.5% del presupuesto de la Universidad Veracruzana, logró atender a casi la misma cantidad de estudiantes, además de impulsar la educación media superior en todo el estado. El contraste en costo por alumno y alcance social es enorme. Sin embargo, los gobiernos en turno, especialmente la actual administración encabezada por Rocío Nahle, no han comprendido el modelo educativo social de la UPAV. Confunden los síntomas con las causas y no advierten que los problemas de corrupción, opacidad, deterioro de la calidad educativa y falta de derechos laborales tienen un origen estructural: se requiere una reforma integral de la Ley 276, dotar a la institución de autonomía y emprender una reingeniería que contemple las funciones sustantivas de toda universidad pública: docencia, investigación y extensión.
En vez de ello, se ha planteado un decreto que es una petición de principio. Tanto la gobernadora como la titular de la SEV han afirmado que “harán a la UPAV pública y del estado”, ignorando que la propia Ley 276 ya establece que la UPAV es una institución pública estatal, como organismo desconcentrado del gobierno. La ignorancia sobre el marco legal ha producido afirmaciones erróneas que exhiben un preocupante desconocimiento institucional.
A esto se suman declaraciones como la reciente afirmación de la gobernadora de que, con el decreto, “los maestros serán contratados por periodo […] no entran al sistema de maestros estatales ni federales”. Esta frase constituye el “tiro de gracia” para el magisterio de la UPAV: docentes que por más de catorce años continúan recibiendo apenas 1,986 pesos por materia, sin prestaciones ni seguridad social, sin vacaciones, aguinaldo ni bonos; y que además han sido víctimas del desvío de las cuotas de recuperación que debían cubrir sus pagos. A muchos todavía no les han cubierto lo adeudado.
Lo que se perfila, con ese “no entran al sistema de maestros ni estatales ni federales”, es la continuidad de un trato clasista: docentes de segunda categoría, sin reconocimiento pleno de derechos laborales y sin justicia laboral. Esta situación ya estaba contemplada desde la creación de la UPAV. En el Artículo 4 de la Ley 276 se señala que las modalidades educativas pueden realizarse mediante convenios con personal docente de carácter solidario u honorífico. Esto significa que la ley reconoce la figura del docente solidario: académicos que colaboran sin relación laboral formal, bajo esquemas de servicio social, apoyo comunitario u honorífico. En otras palabras, la precarización estaba institucionalizada desde el origen.
Es fundamental que los actuales gobernantes de Morena en Veracruz comprendan con precisión en qué consiste el modelo educativo de la UPAV: un modelo vasconcelista, estructuralista, basado en la autoorganización y la autosostenibilidad. Entender este enfoque es indispensable para reconocer que, tarde o temprano, la Ley 276 deberá reformarse con el fin de constituir una verdadera Universidad Popular Autónoma de Veracruz en toda la extensión del concepto de universidad pública: una institución autónoma, académica y financieramente, social, con derechos laborales garantizados, que reconozca a sus docentes como profesores de carrera, y que reciba subsidio federal y estatal, tal como sucede con la Universidad Veracruzana.
Asimismo, es necesario que los directores de las distintas ofertas educativas cuenten con el perfil profesional adecuado para dirigir las ofertas educativas de la UPAV, y se acabe la viciosa práctica que una persona sin el perfil profesional ad hoc a la oferta educativa sea su director como ocurre actualmente o dirija varias ofertas educativas de distintos perfiles profesionales, que exista un programa real de capacitación docente, y que las y los estudiantes reciban una educación de calidad orientada al desarrollo regional.
Sería saludable que los gobernantes de Veracruz adoptaran una actitud verdaderamente socrática: “Yo solo sé que no sé nada”. Desde esa postura de humildad, sinceridad y autocrítica podrían aprender a gobernar mejor y detener la destrucción del “milagro UPAV”. Esta institución ha demostrado el enorme potencial del modelo vasconcelista de “llevar la educación directamente a la gente en sus municipios”, un principio que merece preservarse y fortalecerse.
Para ello, se requiere reconocer formalmente a sus docentes como profesores de no tan sólo por horas, sino inclusive de medio tiempo y tiempo completo, garantizarles derechos laborales y estabilidad, dotar a los estudiantes de bibliotecas virtuales y otros recursos académicos que después de catorce años de la fundación de la UPAV están ausentes, y consolidar una estructura universitaria que responda a los principios fundamentales de la educación pública: calidad, equidad, autonomía y justicia social.
Sé que lo expuesto no tendrá eco en los oídos sordos y enajenados de la clase política que gobierna ( o desgobierna) o en los de la pertrechada oposición que espera su turno para volver a las mieles del presupuesto estatal, por eso lo dicho va dirigido a los oídos del pueblo veracruzano para que rompa sus ataduras y pongan en el paredón (metafóricamente) a los enfermos del poder por el poder.
(1) https://www.entornopolitico.com/columna/71982/apuntes-desde-el-suelo/
(2) https://oem.com.mx/diariodexalapa/local/rocio-nahle-anuncia-modificacion-de-ley-para-que-la-upav-pase-a-ser-universidad-del-estado-27285546
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