LA REFORMA ELECTORAL DE SHEINBAUM: LA PURGA (LIMPIA) DE LA DECADENTE CLASE POLÍTICA MEXICANA

A propósito de las férreas resistencias a la reforma electoral por parte de los enemigos externos e internos de la 4ª T

Apuntes desde el suelo

Dr. Lenin Torres Antonio

Hace poco escribía que había dos retos fundamentales para consolidar la Cuarta Transformación de México bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. El primero es la democratización económica del país, es decir, que las riquezas que produce México se redistribuyan democráticamente y no como ocurre actualmente, donde menos del 10% de la población —la élite económica— concentra más del 50% del Producto Interno Bruto. El segundo gran reto, ante una MORENA que corre el riesgo de convertirse en un PRI reeditado, es el relevo de esa clase política mexicana acostumbrada a vivir del erario público.

El dilema de fondo no es electoral ni coyuntural. Es histórico. México no enfrenta únicamente la resistencia de una oposición sin proyecto ni patria, enfrenta algo más complejo y peligroso: la persistencia de una clase política que se niega a abandonar el poder público y que ha aprendido a sobrevivir camuflándose en cualquier sigla, incluso en aquellas que prometieron transformación.

Claudia Sheinbaum encarna una anomalía en la política mexicana: gobierna con método, planeación y evidencia en un país donde durante décadas se gobernó con ocurrencia, simulación y reparto. Esa anomalía explica tanto la ferocidad de los ataques externos como las resistencias internas que hoy condicionan la profundidad del cambio. No se trata sólo de continuidad, sino de hasta dónde se está dispuesto a llevar la transformación.

Pero el obstáculo decisivo no es únicamente económico. Es político y generacional. Sin un relevo profundo de la clase política, sin una ruptura con la lógica patrimonial del Estado y con la cultura del cargo vitalicio, la transformación corre el riesgo de administrarse en lugar de completarse. Los adversarios externos pueden ser contenidos en las urnas; los internos sólo pueden ser superados con decisión política.

La reforma electoral de la presidenta Sheinbaum responde precisamente a esa necesidad de relevo generacional y a la urgencia de jubilar a los eternos personajes de la clase política mexicana incrustados en el poder por todos los medios a su alcance. Uno de esos medios han sido las representaciones legislativas de mayoría relativa o de representación proporcional, también llamadas “plurinominales”. Sin embargo, esa tarea no es fácil: las resistencias de la oposición y de grupos internos de MORENA y sus aliados se vuelven cada vez más virulentas, mientras que la defensa del “No” a la reforma electoral recurre con frecuencia a falacias o generalidades triviales, como la supuesta defensa de la pluralidad y la democracia.

México vivió durante buena parte del siglo pasado y una parte del actual una dictadura “democrática” casi perfecta, en la que una élite política —PRIANISTA— y la élite económica se relevaban en el control del poder público. Hasta la irrupción de Andrés Manuel López Obrador en 2018, cuando ganó la presidencia de México, las reglas democráticas estaban diseñadas para sostener a un mismo grupo en el poder político. Incluso las representaciones proporcionales o plurinominales formaban parte de ese entramado de legalidad, pero no necesariamente de legitimidad.

Propiamente en 1977 se produjo una reforma electoral impulsada, por una parte, por la presión de movimientos sociales como el movimiento estudiantil de 1968, la Matanza del Jueves de Corpus de 1971 y la aparición de guerrillas rurales y urbanas. Por otra parte, dicha reforma buscaba mantener el control político del sistema por parte del PRI. El régimen necesitaba reconstruir legitimidad, pero sin abrirse a una reforma de gran calado que lo expusiera a perder el poder político. Esta reforma fue impulsada por el tuxpeño Jesús Reyes Heroles durante el gobierno de José López Portillo.

La reforma del 77 creó formalmente la representación proporcional moderna. La Cámara de Diputados pasó a integrarse por 300 diputados de mayoría relativa y 100 de representación proporcional. El objetivo público del partido dominante era incorporar a la izquierda al sistema político, evitar la lucha armada y pluralizar el Congreso. El objetivo implícito era otro: “abrir el sistema para evitar que se rompa”, como expresó Reyes Heroles.

Posteriormente hubo otras reformas en el mismo sentido durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo, hasta llegar a la estructura actual: 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, así como 64 senadores de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional. En total, 128 senadores. El régimen priista no buscaba una democracia plena, pero sí necesitaba legitimidad y estabilidad.

La representación proporcional fue el instrumento institucional para gestionar esa contradicción.

La degeneración de esa apertura democrática ha estado presente desde su origen. La intención del antiguo sistema PRIANISTA era mantener el control político con cierto equilibrio. Hoy ese diseño se ha convertido en un problema estructural del sistema político mexicano: la representación proporcional nació para democratizar el sistema, pero en muchos casos terminó convertida en un mecanismo de reproducción de élites partidistas.

El problema, en realidad, no es la representación proporcional en sí, sino la forma en que los partidos controlan las listas plurinominales.

El diagnóstico es claro: un instrumento democrático se transformó en un recurso oligárquico. La representación proporcional fue diseñada para garantizar pluralidad política, permitir la entrada de minorías ideológicas y evitar mayorías artificiales. Sin embargo, en México ocurrió un fenómeno que los politólogos denominan “cartelización de los partidos”.

Los partidos dejaron de ser organizaciones de militantes y se convirtieron en aparatos cerrados controlados por élites internas. Esto provoca que las listas plurinominales no representen a la sociedad, sino a las cúpulas partidistas. De ahí que veamos dirigentes que se reeligen indefinidamente por la vía plurinominal y que esos espacios de representación proporcional se asignen a familiares, operadores políticos, medios de comunicación aliados o grupos empresariales.

La pregunta obligada es: ¿cómo se pervirtió el sistema?

La perversión ocurre porque las listas plurinominales son completamente controladas por los partidos.

El mecanismo es simple: control vertical de las listas. Las dirigencias deciden quién entra y en qué lugar de la lista. Y el orden es crucial, porque los primeros lugares son prácticamente seguros.

Las plurinominales se convierten así en un “seguro político”. Los líderes partidistas las utilizan para mantenerse en el poder, asegurar fuero o premiar lealtades internas.

Esto transforma la representación proporcional en una especie de aristocracia partidista, fenómeno ligado a la falta de democracia interna en los partidos políticos.

Más allá de abaratar la costosa democracia mexicana -lo cual también es importante-, lo que realmente inquieta a la oposición (PRIAN, MC) e incluso a algunos aliados de MORENA como el PT o el Partido Verde es que perderían esa estructura electoral patrimonialista. Personajes como los “Alitos”, los “Anayas”, las “Lillys Téllez”, los “Monreales”, los “Yunes”, las “Xóchitls”, los “Fidelitos”, los “Markitos”, los “Dieguitos”, los “Lunitas”, entre muchos otros, verían amenazada esa vía privilegiada de permanencia política.

Sus argumentos, en muchos casos, no son auténticos. Las apelaciones a la defensa de la democracia, la pluralidad o el equilibrio institucional suelen convertirse en gritos de desesperación para evitar perder un “hueso” político seguro.

La reforma electoral de la presidenta Sheinbaum apunta precisamente a desmontar ese sistema de privilegios y a propiciar una renovación profunda de la clase política mexicana.