Rocío Nahle y el fracaso de la 4ª T en la UPAV

Apuntes desde el suelo

Dr. Lenin Torres Antonio

El daño causado a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) no es accidental ni menor. Es estructural, acumulado y deliberado. No estamos frente a errores administrativos ni a desorden heredado, sino ante un proceso de encubrimiento político cuidadosamente diseñado, en el que las responsabilidades de alto nivel han sido protegidas mientras se ofrecen chivos expiatorios de menor rango para simular correcciones.

Las acciones recientes del gobierno encabezado por Rocío Nahle no rompen con la lógica del pasado inmediato, sino que la prolongan. El decreto que pretende “reorganizar” a la UPAV no busca sanearla ni fortalecerla, sino cerrar el círculo de responsabilidades y blindar políticamente a quienes condujeron su degradación institucional, tanto en el presente como durante el gobierno de Cuitláhuac García.

Lo más preocupante es que este movimiento no ha sido leído ni aprovechado por la oposición ni por amplios sectores académicos como lo que realmente es: una oportunidad jurídica y política para exhibir la fragilidad constitucional del decreto y del propio diseño legal de la UPAV.

¿Por qué insistir en resolver el grave atentado contra la educación en Veracruz a partir de lo que hoy sucede con la UPAV, cuando toda la educación en el estado atraviesa un profundo estancamiento y un evidente retroceso, que han colocado a Veracruz en los últimos lugares a nivel nacional, particularmente en los niveles de educación media y superior?

Lo más grave, sin embargo, es el fracaso de la llamada Cuarta Transformación, pues el relevo en el poder político y gubernamental ha traicionado, lamentablemente, los propios postulados del obradorismo: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Las tres cosas han ocurrido en el caso de la UPAV.

Se ha “mentido” al afirmar que la UPAV es una universidad autónoma, Universidad Popular “Autónoma” de Veracruz, cuando, en la realidad jurídica e institucional, se trata de un órgano desconcentrado del Gobierno del Estado, y hoy más que nunca. Se ha “robado” al convertir las finanzas de la UPAV en una verdadera “caja chica” del gobierno en turno. Y se ha “traicionado” a miles de veracruzanos que esperaron que la UPAV se consolidara como una universidad con calidad académica.

Lejos de ello, desde su fundación los estudiantes carecen de reservorios bibliográficos suficientes, de apoyo efectivo para la titulación y de condiciones mínimas para una formación universitaria digna. Los docentes, por su parte, viven en una grave precariedad laboral, sin reconocimiento pleno como profesores por derecho propio, sometidos a esquemas administrativos que niegan su condición académica y esto lo reafirma la gobernadora Nahle al decir que se les contratará pero “no pertenecerán al sistema estatal docente”, manteniéndolos en el desamparo laboral como siempre han estado los docentes desde la UPAV, que desde hace casi 15 años siguen cobrando por materia en licenciatura 1980 miseros pesos, aquí no se aplica el aumento salarial que ha sido del gobierno obradoristas y ahora de Sheinbaum su principal logro.

Así, la UPAV no solo refleja el deterioro de la educación en Veracruz, sino que se ha convertido en uno de sus símbolos más dolorosos: el de una promesa educativa traicionada por la simulación, la mentira y el abandono institucional.

Órgano desconcentrado y límites del poder administrativo

La ley 276, que crea a la UPAV como órgano desconcentrado del Estado, ya contenía un vicio de origen. En la teoría del derecho administrativo, los órganos desconcentrados carecen de personalidad jurídica y patrimonio propios, y actúan bajo la jerarquía directa del Poder Ejecutivo. Esto significa que no pueden comportarse como universidades en sentido pleno, porque la universidad, por definición jurídica y académica, requiere autonomía.

El decreto profundiza este problema al eliminar cualquier ambigüedad: si la UPAV es un órgano estatal sin personalidad propia y con finanzas controladas por el Ejecutivo, entonces es educación estatal directa, y por tanto constitucionalmente gratuita. No existe, en el marco teórico del derecho público mexicano, una categoría intermedia válida que permita al Estado cobrar por un servicio que constitucionalmente está obligado a garantizar sin costo.

Aquí se rompe el principio de legalidad administrativa: la autoridad solo puede hacer aquello que la ley le permite expresamente. Y no existe habilitación constitucional ni legal para que un órgano estatal de educación pública cobre cuotas obligatorias a los estudiantes. Y con un estudiante que pague la inconstitucionalidad entre en operación, y ya el estado a través de la SEFIPLAN está cobrando a los estudiantes de la UPAV. Por cierto, antes para evitar la inconstitucionalidad se introdujo la A.C., Fundación, o llanamente outsourcing en la ley 276 para el manejo de los recursos financieros y evitar que el estado cobre directamente, así crearon eufemistamente los conceptos “cuotas de recuperación”, “solidaridad”, y con estas figuras dar rienda suelta a meter mano al erario de la UPAV, la opacidad, y el desvío de recursos a campañas políticas, a ranchos de rectores, etc., y último, al robo descarado.

Así vimos que durante sus casi 15 años, el sistema político sostuvo la UPAV sobre una simulación jurídica funcional: los cobros no los hacía formalmente el Estado, sino fundaciones o esquemas de outsourcing, bajo la figura de “cuotas de recuperación”. Esa figura, ya de por sí cuestionable, permitía evadir el conflicto constitucional directo y la fiscalización, por lo que si realmente quisiera hacer justicia a la UPAV, aparte de promover su verdadera Autonomía,

El decreto rompe esa ficción. Al ordenar que los pagos se canalicen al aparato financiero estatal, desnuda la inconstitucionalidad y transforma una práctica irregular en un acto administrativo abiertamente contrario a la Constitución. Decreto que tampoco señala cómo hará para que los recursos de la UPAV no sean usados para otras partidas presupuestales.

Desde la teoría del control constitucional, esto habilita: acciones de inconstitucionalidad, controversias administrativas, e incluso juicios de amparo por violación directa a derechos educativos.

Desde este marco teórico, el gobierno encabezado por Rocío Nahle queda atrapado en una contradicción jurídica que no admite salida elegante. El decreto no puede sostenerse sin violar la Constitución, y su permanencia expone al Ejecutivo a un desgaste político y legal creciente.

Derogarlo implica reconocer el error, y. Defenderlo implica defender lo indefendible.

Promover la autonomía universitaria implicaría desmontar el control político que históricamente se ha ejercido sobre la UPAV.

En términos jurídicos, el decreto no es una solución: es la prueba documental de la inconstitucionalidad que durante años se intentó ocultar. En términos políticos, es una apuesta fallida. Y en términos educativos, es la confirmación de que la UPAV ha sido tratada como botín administrativo y no como institución universitaria.

Desde el marco constitucional mexicano, la inconstitucionalidad del decreto no es interpretativa ni opinable: es directa y estructural. El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad que la educación impartida por el Estado debe ser pública, obligatoria y gratuita. La gratuidad no es un principio aspiracional ni una política sujeta a disponibilidad presupuestal; es una norma constitucional de aplicación inmediata.

Cuando el Estado asume de manera directa el control financiero de una institución educativa, asume también la obligación plena de garantizar su gratuidad. El decreto incurre aquí en una contradicción normativa insalvable: por un lado, estatiza aún más a la UPAV, integrando sus finanzas al control de la Secretaría de Finanzas; por otro, mantiene el cobro a los estudiantes, ahora no mediante fundaciones o intermediarios, sino directamente al aparato estatal.

Desde la teoría de la jerarquía normativa, ningún decreto administrativo puede producir efectos válidos si contradice la Constitución. No estamos ante una laguna legal ni ante una zona gris: existe una colisión frontal entre un acto administrativo y una norma constitucional superior. La consecuencia jurídica es clara: el decreto es inconstitucional.

La oportunidad política que nadie quiere ver. Esta situación abre dos vías claras de acción que, sorprendentemente, no han sido aprovechadas. La primera es la impugnación directa del decreto por inconstitucional, ya sea mediante acciones jurídicas o mediante una presión política fundada en el marco constitucional. La segunda es aún más profunda: reformar la ley 276 para dotar a la UPAV de autonomía académica y financiera real, no simbólica.

Un proyecto integral de reforma de la ley 276 para dotar de autonomía y una reingeniería a la UPAV existe:
(https://drive.google.com/file/d/1CGw0_XF_VqmlobVuVYC1mi1l3yn5f94u/view?usp=drive_link ),

Y fue presentamos en el periodo legislativo de los panistas por la Asociación de Académicos y Docentes de la UPAV (AADUPAV), que quiso colocar el debate donde siempre debió estar: en la legalidad, la educación pública y la responsabilidad del Estado, y fue rechazado.

El callejón sin salida del Ejecutivo. Desde este punto, el gobierno de Rocío Nahle se encuentra atrapado en un dilema jurídico y político que no admite salidas limpias. La inconstitucionalidad del decreto la coloca ante dos únicas opciones: derogarlo, reconociendo implícitamente el error y el encubrimiento; o promover ella misma la autonomía universitaria, desmontando el control estatal que históricamente se ha ejercido sobre la UPAV.

Ambas rutas implican costos políticos. Lo que no es viable es sostener el decreto sin violentar la Constitución. En ese sentido, el decreto no es una solución: es la prueba documental del encubrimiento, el rastro administrativo de una política que ha tratado a la UPAV como botín y no como institución universitaria.

La UPAV no necesita más simulación ni más decretos correctivos. Necesita verdad, legalidad y autonomía. Todo lo demás es administración del daño… y del silencio pernicioso que quiere evitar costos políticos, y cuidar la imagen al viejo estilo prianista que tanto se quejaba el mismo fundador de la 4ª T., y hoy sus avizorados discípulos lo reproducen como parte de su modus operandi.