REFORMA A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO

Lucilda Pérez Salazar

En estos días se discute en el Congreso del Estado una Iniciativa de reforma de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León. Para tal efecto, se han instalado mesas de trabajo a las que han sido invitados directivos de las universidades, de las escuelas normales básicas y superiores, representantes de colegios particulares, asociaciones de padres de familia, dirigentes de las Secciones 21 y 50 de maestros, Nuevo León, es decir, de alrededor de 70,000 maestros de grupo.

La temática sobre esta Ley es muy extensa. La integran 200 artículos, más los transitorios.
El propósito expreso de la reforma es introducir temas nuevos como los siguientes:

• Educación financiera (lo que esto signifique).
• Uso de la inteligencia artificial.
• Educación para el empleo y el emprendimiento.
• Impulso a los niños talentosos.
• Regulación del uso de celulares.
• Educación para adultos mayores.

Está bien que se pretenda expedir una Ley de Educación actualizada y moderna, que incorpore las nuevas tecnologías en el proceso educativo, para alcanzar el mejor logro en el aprendizaje de los educandos. Pero hay temas que requieren atención prioritaria y urgente, porque existen carencias e insuficiencias notables en el sistema educativo de Nuevo León que requieren atención inmediata, tales como:

• Las condiciones físicas en que se encuentran un buen número de los planteles escolares, en los que se desenvuelve el proceso educativo.
• La infraestructura escolar, el mobiliario, el equipamiento tecnológico necesario para facilitar el aprendizaje sustantivo de los educandos y los equipos climáticos indispensables para transitar por los días de temperaturas extremas en nuestro estado.
• La reducción de alumnos por grupo a estándares internacionales.
• Hacer efectiva la gratuidad de la educación básica y media superior, si se quiere que haya equidad e inclusión en la educación.
• La disminución de la carga administrativa de los docentes y directivos.
• La mejora y transparencia en los procesos de contratación, promoción, reconocimiento y cambios de adscripción de los maestros y del personal de apoyo.
• La formación, capacitación y actualización de los docentes, incluyendo la formación para el uso de la inteligencia artificial.
• La democratización de los mandos educativos y la eliminación del autoritarismo que predomina en las autoridades educativas.

Estos y otros temas merecen la atención y la discusión en las mesas de trabajo del Congreso del Estado. Me sorprendió la propuesta que hizo el Profr. Juan José Gutiérrez, dirigente de la Sección 50, en la primera mesa de trabajo. Propuso, (según lo narró la Cruda Realidad Docente) “que la nueva Ley de Educación incluya la defensa de los derechos laborales y las conquistas históricas de los maestros.

“Propuso, además, que la actualización de las prestaciones laborales, que llevan más de 10 años congeladas, quede establecida en la nueva Ley de Educación”. Qué raro, porque este no es un tema que corresponda a la Ley de Educación. No es materia de esta Ley. No se pueden incluir en la Ley de Educación “la defensa de los derechos laborales” ni “la actualización de las prestaciones laborales o económicas”, porque no corresponden al contenido de la misma.

Estos temas son la obligación principal del quehacer del sindicato. Son el objetivo supremo de la organización sindical y deben tratarse en otras instancias, no en el Congreso y menos en una Ley cuyo tema principal es la educación.
Estos temas corresponde tratarlos en las mesas de negociación salarial o contractual con el Gobierno del Estado o con la Secretaría de Educación.

Ahora bien, si de defender los derechos laborales se trata, entonces hay que promover la reforma de otras leyes y reglamentos que se refieran a estos temas como la Ley Federal de Trabajadores del Estado, la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, el Reglamento Estatal de Condiciones Generales de Trabajo y otros reglamentos y leyes obsoletos que requieren una urgente y completa actualización.