Eleazar Fuentes Gutiérrez
Nuevo León, desde hace unos años, ha vivido una crisis de ingobernabilidad política en temas clave como el fiscal de Justicia, el presupuesto anual y, lo más importante, la capacidad de los tres poderes para trabajar de la mano en beneficio del pueblo. El Ejecutivo no lograba ponerse de acuerdo con el Legislativo, ni el Legislativo con el Ejecutivo, lo que llevó al estado a una crisis política. Tanto fue así que, después de la renuncia del anterior fiscal en 2022, no lograron llegar a un acuerdo para elegir al nuevo fiscal. Entre los vetos del gobernador Samuel García hacia las propuestas de los opositores en el Congreso —en ese entonces con mayoría del PRIAN— se elegía un fiscal, pero el gobernador no estaba de acuerdo. El Ejecutivo nombraba uno y el Congreso no lo aceptaba.
Sin embargo, la pelea no se limitaba solo a la elección del fiscal. Este conflicto entre los poderes de Nuevo León se hizo público. Cuando Samuel García asumió la gubernatura en octubre de 2021, parecía que se había iniciado una relación prometedora con la oposición en el Congreso, ya que le aprobaron cambios a la Ley Orgánica del Estado, como la ampliación de las secretarías de 12 a 17, y la creación del puesto “Amar a Nuevo León” para su esposa. La relación comenzaba con buenas expectativas, a pesar de que los colores políticos fueran distintos y los intereses, variados.
En 2022, el Congreso aprobó el presupuesto y, en septiembre de ese mismo año, con 38 votos a favor, también se aprobó la nueva Constitución Política del Estado, impulsada por el gobierno de Movimiento Ciudadano (Samuel García). Sin embargo, este fue uno de los últimos acuerdos entre el gobernador y un Congreso dominado por el PRIAN, y dio inicio a una lucha de poder entre las instituciones. Esa ruptura pública entre ambos poderes ocurrió cuando comenzaron las discusiones sobre la elección del fiscal.
La confrontación no solo se limitó al Congreso y al Ejecutivo, sino que también se trasladó a los alcaldes. Vimos a algunos de ellos, especialmente los del PRIAN, quejándose de una persecución política por parte del gobierno de Movimiento Ciudadano. A su vez, el gobernador acusaba al PRIAN de aprovechar el poder legislativo para sus propios intereses, así como de influir en otros poderes autónomos del estado.
Para 2023, el estado repitió el presupuesto de 2022, ya que no se llegó a un acuerdo entre el Legislativo y el Ejecutivo. Mientras tanto, el fiscal se nombró de manera interina, a la espera de una negociación más favorable. Así transcurrió todo 2023, “entre dimes y diretes”.
A finales de ese mismo año, el gobernador declaró su interés en ser candidato a la presidencia de México. Sin embargo, para dejar a un gobernador interino de su confianza, necesitaba la aprobación del Congreso, lo que le fue negado. La situación se convirtió en un estira y afloja hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (el poder judicial) dio la razón al Congreso, permitiendo que el congreso designara al interino que ya había tomado protesta. Finalmente, Samuel García renunció a su candidatura presidencial.
En 2024, Nuevo León siguió en crisis: sin fiscal, sin presupuesto, y con una gobernabilidad quebrantada. No obstante, este 2025, por fin se alcanzó el acuerdo que tanto se esperaba. Se nombró un nuevo fiscal y se aprobó el presupuesto. Fue necesario que el gobierno federal interviniera para poner orden en el estado. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado para lograr el acuerdo, y comparto su visión de que “no se le puede castigar al Ejecutivo con la negativa del presupuesto, porque los verdaderos afectados son los ciudadanos de Nuevo León”. El PRIAN castigaba al gobierno al no aprobar el presupuesto, mientras se observaban carencias en el estado.
A mi parecer, el gobernador cedió la Fiscalía al PRIAN para lograr el presupuesto, ya que tenemos eventos de gran envergadura, como el Mundial de 2026, y el estado y la ciudad deben estar a la altura de este acontecimiento histórico e internacional. Finalmente, se logró un acuerdo y se sacaron adelante temas importantes para el estado y para quienes vivimos aquí, que vemos día a día las necesidades que tenemos. Era absolutamente necesario nombrar a un fiscal, y este año, por fin, puedo decir que el Ejecutivo, el Legislativo, y en general los tres poderes, comenzarán a trabajar juntos. Es una excelente noticia para la ciudadanía de Nuevo León.
En estos días de febrero del 2025, recibimos a la presidenta Claudia Sheinbaum, cerrando filas y alcanzando acuerdos importantes para la ciudad y el estado.
Finalmente, me gustaría hacer una reflexión sobre algo que me cuesta entender: ¿cómo es que el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, sin ningún diputado independiente, nunca enfrentó una crisis similar en su gobierno, y hasta lo dejaron elegir un gobernador interino en su aspiración presidencial?
Volviendo al tema del pleito entre MC y el PRIAN, este suceso en Nuevo León, para mí, fue meramente político. Y esto lo comento sin haber tocado aún el tema del juicio político contra el gobernador. Más allá de los desacuerdos o la ingobernabilidad, lo que ocurrió fue una disputa política, no legal. Y esto nos recuerda que una de las tantas definiciones de la política es, precisamente, el arte de la negociación.
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