Al cuestionar la validez de sentencias judiciales y derechos adquiridos, el gobierno de Nuevo León desconoció la deuda de más de 500 millones de pesos que tiene desde 2024 con casi 15 mil maestros jubilados y pensionados de la Sección 50 del SNTE.
Así lo informó la vocera Lucilda Pérez Salazar después al término de la Mesa de Diálogo que sostuvo una delegación del magisterio afectado con el asesor jurídico del gobierno estatal, Héctor Mateos; el director general del Isssteleón, José Carlos Hernández, y el director de prestaciones sociales y económicas de esa paraestatal, Israel Navarrete.
El representante del Jurídico del Gobierno, Héctor Mateos, quien encabezó la Mesa de Diálogo, afirmó a la representación de jubilados que “esa sentencia y esa jurisprudencia que ustedes invocan no son aplicables, no son vigentes hoy en día, no sirven de justificación para realizar el movimiento de recursos que se necesitan para pagar ese monto tan grande de 6.43%. Por tanto, no va a ser posible mover más de 500 millones de pesos del presupuesto”.
“Esto sólo se puede hacer por mandato de un juez. Si ustedes tienen tanta seguridad de que esa sentencia y esa jurisprudencia son válidas, vayan con un juez federal para que dicte una nueva sentencia”, señaló.
El funcionario argumentó que “los pagos de incrementos que se hicieron anteriormente no fueron legales, fueron por voluntad política del Gobierno. Si el monto en el año 2024 hubiera sido de 30, 40 o 50 millones de pesos, ya se hubiera pagado, aun sin sustento legal”.
“Es imposible pagar si no está en la ley y si no hay una orden de un juez. El monto es injustificable”, reiteró Mateos.
Agregó que este tema lo están tratando con la representación legalmente constituida, que representa a la mayoría de los jubilados, que el líder del SNTE en Nuevo León, Juan José Gutiérrez Reynosa, ya entendió que los jubilados no tienen derecho y que no se puede pagar el 6.43%.
Comentó que el líder magisterial propone que el gobierno destine 70 u 80 millones de pesos para pagar, en lugar de los 525 millones de pesos que se han acumulado de retroactivo desde enero de 2024, es decir, que se pague un 15% del adeudo total.
Héctor Mateos aseguró que no hay un acuerdo definitivo con Gutiérrez Reynosa ni con la Comisión de Jubilados, y reiteró que la Mesa de Diálogo sigue abierta para llegar a un acuerdo.
Lucilda Pérez Salazar indicó que desde que comenzaron la negociaciones con el gobierno de Samuel García, hace un año y ocho meses, “jamás nos habían dado una respuesta de esta naturaleza: legaloide, contradictoria y mentirosa”.
Ante tal situación, dio a conocer la postura de los casi 15 mil maestros jubilados y pensionados que representa a través del siguiente comunicado:
• Ahora resulta que no reconocen la sentencia de amparo ni la jurisprudencia. Dicen que no tienen vigencia y no son aplicables, pero el Gobierno aplicó y pagó el incremento de nuestras pensiones conforme a la sentencia de amparo durante 17 años.
• Entonces, el Gobierno se brincó la barda, violó la ley muchos años al pagar un incremento ilegal, solo porque el porcentaje era pequeño.
• Perversamente se desentiende de que el hecho de haber pagado a todos los jubilados, conforme a la sentencia de la Suprema Corte durante 17 años, generó un derecho a los jubilados, beneficiados con ese pago que entró al patrimonio de cada persona.
• El derecho adquirido es aquel que entra al patrimonio de una persona, ya sea por ley, contrato, acuerdo o convenio, y que no puede ser eliminado o modificado por leyes posteriores, ni por voluntad de quien lo otorgó. Es un derecho legal y no puede ser revocado por nadie. Si esto se intentara realizar, se incurriría en una violación al artículo 14 constitucional.
• La Ley del ISSSTELEON establece los derechos mínimos de los jubilados; la Suprema Corte los mejoró y el Gobierno-ISSSTELEON los ratificó al aceptar pagar la nueva modalidad de incremento de las pensiones, conforme a lo dispuesto por la sentencia y la jurisprudencia.
• Este derecho adquirido lo defenderemos los jubilados con toda energía y entrega.
• Pondremos en conocimiento de la Presidenta de la República el incumplimiento del Gobierno de Nuevo León con el pago de los incrementos a los jubilados que, por ley, mandato judicial y derecho adquirido, nos corresponden.
• Propondremos la reforma del artículo 16 de la Ley del ISSSTELEON para ponerla acorde con la sentencia de la Corte.
• Estaremos prestos para que se incluya en el Presupuesto Estatal del año entrante la partida necesaria para cubrir el pago de nuestras pensiones con los incrementos correspondientes.
• No descartaremos recurrir al nuevo Poder Judicial para hacer valer nuestros derechos adquiridos y buscar la protección de la Justicia Federal.
• Pronto los convocaremos a una gran asamblea de jubilados de todas las delegaciones, de todos los municipios, para informar y discutir las “propuestas” del Gobierno, las negociaciones ocultas, unilaterales, sin consulta del dirigente de la Sección 50, y para tomar decisiones meditadas, bien informadas y transparentes.
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