Porque la prioridad del Gobierno del nuevo Nuevo León es la protección a las niñas, niños y adolescentes, así como a las mujeres, el Gobernador Samuel García anunció la publicación del Decreto sobre Deudores Alimentarios, con el que se crea el Registro Estatal de Deudores de Alimentos.
El Mandatario estatal dijo que a partir de este registro comienzan en Nuevo León muchas medidas que van a corregir lo que debió haberse corregido hace décadas.
“Vamos a dar todo por las mujeres, les va a salir muy caro ser irresponsables, porque a partir de hoy ese pelado que se fue y que en lugar de invertir en sus hijos gasta lujos en borrachera o en tonteras, los vamos a quebrar y no lo digo económicamente, los vamos a quebrar socialmente”, expresó.
“Cooperas, sales de la lista, pero si no cooperas y a juicio de una Magistrada, de un Juez o del DIF sigues huyendo, te olvidas del Estado, el Estado te da la espalda. Ese es el mensaje que hoy les damos a los padres irresponsables”, puntualizó.
Detalló que quien esté en esta lista como deudor tendrá las siguientes consecuencias:
1.- No podrán obtener o renovar su licencia de conducir.
2.-No podrán contraer matrimonio civil.
3.- No podrán participar en procesos de adopción.
4.- No podrán aspirar a cargos judiciales como jueces o magistrados.
5.- No podrán acceder a cargos públicos o ser candidatos de elección popular.
6.- No podrán participar en procesos de designación pública de organismos estatales o autónomos.
También es importante decirles que cualquier autoridad, funcionario o persona que busque proteger a un deudor alimentario podrá ser sancionada.
Las restricciones se mantienen hasta que cumplan sus obligaciones alimentarias y este avance se contempla con otras reformas impulsadas por el Gobierno del Estado como los registros estatales de agresores sexuales y violentadores familiares, la ley 3 de 3 contra la violencia que impide a agresores o deudores ocupar cargos públicos y la iniciativa penal para sancionar a quienes simulen menos ingresos para evadir la pensión con una pena de 2 a 5 años de prisión.
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