Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó reformas y adiciones para incrementar las penas por el delito de despojo de inmuebles para quien cometa ese ilícito en contra de personas adultas mayores o con discapacidad, o en los casos donde participen servidores públicos.
El dictamen añade que habrá una pena de entre 10 y 15 años de cárcel para los autores intelectuales de los despojos realizados por un grupo de personas, y de 5 a 25 años a quienes se dediquen a este ilícito de forma reiterada.
También para sancionar con 6 a 10 años extras de prisión a los servidores públicos que participen en los hechos, y para los delincuentes que se hagan pasar por notarios o notificadores para intimidar a las víctimas; afecten a adultos mayores o personas con discapacidad, o usen documentación falsa para ostentarse como dueño de algún inmueble para concretar el despojo del mismo.
Al presentar la iniciativa, el diputado de Morena, Gerardo Ulloa Pérez señaló que es un problema que lastima profundamente a la sociedad, y lo calificó como “un cáncer, un flagelo social que arrebata a miles de familias lo construido durante muchos años, dejándolos sin hogar, dejándolos sin seguridad y muchas veces sin esperanza”.
“Quienes han sido agraviados exigen justicia para proteger el patrimonio que durante tantos años lograron construir… debemos actuar de manera unificada”, puntualizó.
El delito de despojo de inmuebles se ha incrementado de forma continua a escala nacional. De enero a mayo de este año se registraron 12 mil 357 casos del delito de despojo, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.
Agrega que el año pasado cerró con 28 mil 364 casos de despojo a nivel nacional, mientras que 2023 con más de 30 mil. Tan solo en el Estado de México se registraron más de 42 mil casos de despojo de 2015 a 2025.
En tanto, de 2008 a octubre de 2025, Nuevo León superó los 15 mil casos de despojo de inmuebles, según las estadísticas de la incidencia delictiva de la Fiscalía General de Justicia estatal.
PENAS DE HASTA 42 AÑOS CONTRA EXTORSIÓN
LA Cámara de Diputados también aprobó la reforma a la Ley de Extorsión, que aumenta las penas de 15 a 20 años, y con las agravantes aprobadas previamente por el Senado, pueden llegar hasta los 42 años.
Los diputados aprobaron la norma que homologa y armoniza el marco jurídico que permite combatir ese delito en todo el territorio nacional, y establece que se investigará de oficio y se podrá denunciar de forma anónima.
Leave a Reply