El Congreso local aprobó por unanimidad una reforma al artículo 397 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, en materia de caracterización del delito de Despojo de Inmueble o de Aguas como una Afectación al Interés Social y al Orden Público.
El Dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, fue presentado por el diputado del PRI, Javier Caballero, quien explicó que el delito de despojo de inmuebles o de aguas consiste en la privación ilegal de la posesión de un bien inmueble o del aprovechamiento de aguas, generalmente mediante violencia, amenazas, engaño o abuso de confianza, sin consentimiento de quien legítimamente puede otorgarlos, se trata de una conducta que lesiona gravemente el patrimonio de las personas afectadas y vulnera sus derechos de propiedad y posesión.
El Legislativo aprobó reforzar la eficacia de la persecución penal y garantizar que las medidas cautelares, como la restitución anticipada del bien a la víctima mantenga su efectividad durante todo el proceso penal. Para ello, es fundamental reconocer que el despojo constituye una afectación tanto al interés social como al orden público. El interés social se refiere a aquellos aspectos relacionados con las necesidades generales de la sociedad y que el Estado protege de manera directa y permanente, por lo que, si una situación específica afecta o beneficia a la colectividad, existe interés social.
“El delito de despojo tiene la calidad de ilícito continuo mientras el agente mantenga la ocupación ilícita; cada día que persiste, el bien jurídico de la posesión o propiedad sigue siendo lesionado. Esta característica ha sido reconocida tanto en reformas penales locales como en la doctrina jurídica, y refleja que el impacto de este delito no se agota en el momento de su comisión, sino que se prolonga en el tiempo, afectando de manera sostenida a la víctima y al orden social. En consecuencia, reconocerlo legalmente como un delito que atenta contra el interés social y el orden público fortalece la protección jurídica de la posesión legítima y de la propiedad, así como la estabilidad y la paz en la comunidad”, señaló Caballero Gaona.
El 6 de octubre, el Congreso aprobó una reforma al Código Penal para aumentar las penas contra quienes cometan el delito de despojo, hasta los ocho años de prisión, y multas que pueden llegar a los 342 mil pesos, dependiendo del inmueble afectado.
Las cifras recientes corroboran la magnitud del problema, tan solo en el Estado de Nuevo León, de enero a agosto de 2025, se iniciaron 947 carpetas de investigación por la comisión del delito de despojo, distribuidas en 40 de los 51 municipios de la entidad, lo que evidencia que es un fenómeno generalizado que afecta la seguridad y el bienestar de la población.
En los cuatro años previos, las denuncias por el despojo de inmuebles en la entidad fueron mayores, con mil 406 en 2021, mil 22 en 2022, mil 318 en 2023, y mil 130 en 11 meses del 2024.
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