Un juez federal le quitó lo dictador al gobernador, Samuel García, al declarar que fue ilegal la requisa contra la ruta 400.
La acción ejecutada por el gobierno del estado de Nuevo León fue considerada por el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa como una ilegalidad, concediendo una suspensión de amparo a la empresa transportista de Abelardo Martínez.
En menudo lío metió el secretario del Instituto de Movilidad de Nuevo León, Hernán Villarreal a su jefe el gobernador.
Ahora el juez le ordenó echar atrás el proceso de requisa, ejecutada tras la presunción de un aumento de tarifas camioneras.
Se anunció como un acto para defender a los usuarios del transporte urbano por parte del gobernador, Samuel García.
Pero, oh contradicción, el proceso jurídico de la requisa fue ejecutado sin que se cumpliera el debido procedimiento.
No hubo revisiones previas, tampoco se presentaron las actas que justifiquen llevar a cabo la requisa.
El organismo de movilidad estatal no llevó a cabo ningún llamado a mejorar el servicio que ofrecía la ruta 400.
Lo más lamentable pero las empresas del transporte es que desde el 2013 por razones políticas impidieron que estás rutas aumentarán sus tarifas.
Por lo pronto, el aumento de tarifas de 12 a 15 pesos está detenido hasta en tanto no se resuelva el conflicto de la requisa.
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